"Es un engaño", dice exdiputada sobre nombramiento temporal que Gobierno hizo en CCSS
La exlegisladora Rocío Alfaro alerta de eventuales vicios en los acuerdos que tome la Junta Directiva como resultado de una designación que se sustenta en una figura que, a su criterio, no existe.
La exdiputada Rocío Alfaro Molina calificó de "grave" la decisión del Consejo de Gobierno de nombrar un representante pro tempore de los sindicatos en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Para la exlegisladora del Partido Frente Amplio (PFA), a la que el Poder Ejecutivo rechazó para el cargo pese a su elección en una asamblea de organizaciones de trabajadores, lo que media es un intento de confundir al país sobre la reactivación del máximo órgano de la institución pública más importante, que permita la discusión de decisiones en materia de servicios médicos y pensiones.
"Nos sorprende que se utilice la figura de un representante sindical pro tempore a una persona que no ha sido electa por el movimiento sindical, una persona que no ha cumplido con los requisitos y reglamentos que se piden, precisamente para poder conformar la Junta Directiva de la Caja por parte de los sectores sociales. Y más aún, que sea doña Mónica Taylor la que lo solicite al Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno elija, y todo esto sin tener ninguno de los dos, ni la Presidencia Ejecutiva de la Caja, ni el Consejo de Gobierno, la potestad de suplantar al movimiento sindical en el proceso de elección, sea definitivo o pro témpore.
"Además, la figura pro tempore no tiene ningún sustento en la normativa que elige a la Caja del Seguro Social. Y eso nos parece que termina siendo un engaño a la población, el que ayer (martes) sesionaran de manera ordinaria, con agenda ordinaria, como si estuviese completo el quórum legal", señaló la excongresista en entrevista con Teletica.com.
Sin embargo, el director jurídico de la institución, Gilberth Alfaro Morales, discrepa de esa posición y mantiene que el Consejo de Gobierno está facultado para hacer un nombramiento temporal como el de Róger Rivera, en condición de representante del sector laboral.
El martes, durante una sesión ordinaria de la cúpula, que constituyó la primera en 102 días de la administración de Laura Fernández, el abogado aseguró que con Rivera, así como la representante patronal, Sandra Chen, ese órgano está legalmente integrado y puede operar "válidamente".
Pero el director jurídico recordó que la Caja es además una "receptora pasiva" de una decisión tomada por el Consejo de Gobierno y que, en tal sentido, únicamente le corresponde acatar lo que esa otra instancia determine.
Alfaro Molina, en cambio, cree que la operación de la Junta Directiva en estas condiciones puede resultar en que todos los acuerdos que se tomen en su seno resulten nulos, debido a vicios provocados por una "conformación ilegal" del órgano.
La exdiputada agregó otros cuestionamientos, esta vez por el fondo de la decisión tomada por el Poder Ejecutivo, ya que cree que su elección, en lugar de haber sido hecha en una asamblea sindical como lo demandan los reglamentos respectivos, respondió a un "gusto" del Gobierno.
Cuestionada sobre si se presentará alguna acción legal contra lo actuado, Alfaro Molina indicó:
"Sí, se está valorando cuál sería la acción legal que fuera más expedita y también que generara el menor costo a la institución y a la gestión de la institución. Porque lo último que queremos es retrasar. No obstante, todos estos movimientos de ilegalidad van a generar atrasos en la toma de decisiones que la población requiere.
"Muy posiblemente tendremos que pedir la nulidad de todo lo actuado en estas sesiones en las que siga incorporada una persona que no tiene la condición jurídica de ser representante y, desgraciadamente, están votando. Incluso el día de ayer (martes) no solo se tomaron decisiones de carácter administrativo, sino que además se hicieron movimientos presupuestarios y, más aún, la sesión termina con una sección confidencial que no es transmitida, a la que no tenemos acceso, que fue a lo que se decidió".
Para la exlegisladora, el Gobierno ha incumplido "sistemáticamente" con sus obligaciones en relación con la entidad que vela por la seguridad social.
Este medio mantiene en trámite una consulta ante la Oficina de Prensa de Casa Presidencial.
