Entre el oro y el ambiente: el debate que regresa al Congreso por Crucitas

La minería metálica a cielo abierto, prohibida en Costa Rica desde hace más de 15 años, volvió a instalarse en el centro del debate político nacional. Lo hizo de la mano de la crisis ambiental y social que se vive en Crucitas, en Cutris de San Carlos, Alajuela, y la solución que presentó el pasado Gobierno para atenderla. 

El expediente 24.717, impulsado por la administración de Rodrigo Chaves y ahora fijado como una prioridad por Laura Fernández, busca permitir la exploración y explotación de oro en Crucitas bajo un régimen especial y con participación estatal. 

La discusión ocurre en medio de una realidad que pocos sectores cuestionan: Crucitas enfrenta una crisis derivada de la extracción ilegal de oro, una actividad que se ha expandido en los últimos años y que ha generado impactos ambientales, económicos y de seguridad en la Zona Norte del país.

En febrero pasado, el exministro Mario Zamora aseguró que la actividad ilegal en Crucitas le cuesta al Ministerio de Seguridad alrededor de $1 millón por mes, sin poder dimensionar el tamaño del desastre ambiental ni los recursos minerales que los coligalleros le roban al país. 

Pero mientras el Gobierno defiende esa explotación regulada como una forma de recuperar el control de un recurso que podría ayudar al país en diferentes y muy urgentes frentes, varios partidos de oposición sostienen que el problema debe atenderse sin reabrir la puerta a la minería a cielo abierto.

Debate abierto

La presidenta Laura Fernández convirtió el tema en una de las principales banderas de su administración e insistió en que la solución al problema debe venir de ese expediente, ya dictaminado pero con cientos de mociones por discutir. 

Semanas atrás, la mandataria invitó a los 57 diputados a acompañarla en una gira a Crucitas para poder dimensionar "en carne propia" la magnitud del problema. 

“Ustedes ya saben que yo no voy a consentir que se sigan robando el oro de Crucitas. Invité a los 57 diputados a ir conmigo a una visita a territorio el próximo 19 de junio, donde quiero que vayan a caminar la zona y que vean en carne propia la desgracia nacional que ocurre ahí con el desastre ambiental, económico, de seguridad y que solo daño le ocasiona a la zona norte del país”, dijo en aquel momento.

El oficialismo ya rechazó aplazar el avance del proyecto pese a solicitudes de distintas fracciones para abrir una discusión más amplia sobre alternativas.

Por ejemplo, Álvaro Ramírez anunció que Liberación Nacional apoyará la exploración y explotación en Crucitas, pero bajo una visión y modelo diferentes. 

“Todos estamos de acuerdo en que hay un desastre en Crucitas, que hay necesidad de tomar acción inmediata, pero la solución que nosotros proponemos es distinta a la que ellos tienen. Lo que queremos es que podamos analizar cuál de esas es mejor”, dijo Ramírez.

Ramírez también defendió la necesidad de abrir un espacio de discusión antes de continuar con el trámite legislativo.

“Lo que necesitamos es un espacio para un diálogo sereno, serio. Nos preocupa avanzar en una ruta sin poder explorar otras vías que reduzcan el impacto ambiental”, afirmó.

​Con el Frente Amplio, la oposición es todavía más frontal. 

El diputado Edgardo Araya cuestionó el avance del expediente y acusó al oficialismo de cerrar espacios para el diálogo.

“Parece que no hay voluntad de diálogo, lo que hay es interés de legalizar el robo”, señaló durante la discusión legislativa.

La agrupación impulsa una propuesta distinta, contenida en el expediente 24.675, que plantea atender la problemática de Crucitas mediante acciones de recuperación ambiental, control estatal y desarrollo económico local, sin recurrir a la minería a cielo abierto.

Las dudas también alcanzan a otras bancadas.

La diputada Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, insiste en que el Congreso requiere más tiempo para analizar los alcances económicos del proyecto gubernamental.

Puntualmente, Dobles dijo tener preocupaciones por el tipo de concesión que el proyecto plantea y los porcentajes que, al final del día, se dejaría el Estado. 

Del otro lado de la discusión, el Poder Ejecutivo sostiene que la situación actual demuestra el fracaso de la estrategia seguida durante los últimos años y que el país necesita una intervención distinta para recuperar el control sobre la actividad minera en la zona. 

La propuesta oficial plantea concesiones mediante subastas públicas, reformas al Código de Minería y mecanismos para distribuir parte de los recursos obtenidos entre la Municipalidad de San Carlos, organizaciones comunales y el Estado. 

Según sus defensores, esto permitiría transformar una actividad actualmente dominada por redes ilegales en una fuente de ingresos fiscalizada y regulada. Pero la discusión trasciende los aspectos económicos.

Para sectores ambientalistas y académicos, el expediente reabre un debate que Costa Rica parecía haber resuelto tras la aprobación de la Ley 8904, promulgada en 2010, que prohibió la minería metálica a cielo abierto en el territorio nacional luego de la controversia generada por el proyecto minero de Industrias Infinito en Crucitas.

“El proyecto ignora los antecedentes históricos de minería metálica en Costa Rica, como los casos de Crucitas, Bellavista y Beta Vargas, todos marcados por impactos negativos y fracasos institucionales.

"No se analiza por qué han fallado sistemáticamente los proyectos mineros en el país, ni se ofrece una evaluación realista de la minería ilegal actual”, dijo un criterio enviado a la Asamblea Legislativa por la Universidad de Costa Rica, en un análisis que además incluyó opiniones de la Escuela Centroamericana de Geología, el Departamento de Salud Ambiental de la Escuela de Tecnologías en Salud y el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental.

Por ahora, el expediente continúa avanzando en la corriente legislativa y promete convertirse en uno de los debates más sensibles del actual período constitucional.