En informe de 100 días, Fernández plantea reforma a Ley de Usura y otros siete proyectos
También destaca un nuevo impulso al proyecto conocido como Ciudad Gobierno.
La presidenta Laura Fernández anunció este miércoles ocho proyectos, que incluyen desde una reforma a la Ley de Usura hasta una modificación para trasladar la mitad del aporte patronal que recibe el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) hacia el Régimen No Contributivo (RNC).
El planteamiento lo hizo durante su conferencia de prensa semanal, en la que además rindió un informe de sus primeros 100 días de labores.
La mandataria encomendó a su ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, la presentación de las iniciativas ante la Asamblea Legislativa en el transcurso de este miércoles, por lo que, de momento, se desconocen los textos preparados.
Sin embargo, a continuación, un resumen de los enunciados hechos por la gobernante:
Ley para la determinación de las tasas máximas aplicables para las operaciones de crédito
Propone un nuevo modelo para calcular las tasas máximas de interés, según riesgo y costos de los créditos. La modificación de las tasas se hará de acuerdo con las condiciones del mercado y estará a cargo de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
El objetivo es que el crédito sea más accesible al evitar un tope uniforme en las tasas, al tiempo que se mantienen los límites a los cobros excesivos mediante tasas máximas calculadas con criterios técnicos.
"Les pido con toda vehemencia que empujen este proyecto. Yo hice mi parte con el equipo preparando este paquete de proyectos en los primeros 100 días y ahora a ustedes les corresponde llevarlo a buen puerto", señaló Fernández
Fortalecimiento del Régimen No Contributivo de pensiones
Plantea trasladar el 50% del aporte patronal que recibe el Banco Popular hacia el Régimen No Contributivo.
Se busca llevar más recursos para dar un "uso solidario" a esos recursos al dirigirlos a adultos mayores.
Reforma a ley 8.642 para administración del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel)
Apunta a "agilizar" la ejecución de recursos, mejorar la coordinación institucional y reducir la brecha digital como parte de las funciones de ese órgano.
Se plantea llevar más conectividad a personas y comunidades, al tiempo que se promete una mayor rendición de cuentas sobre el impacto de sus proyectos, seguimiento y responsabilidades que garanticen el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
Reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR) y a la Ley General de Control Interno
Consiste en establecer una aclaración de las funciones de fiscalización del órgano auxiliar del Congreso y la gestión de la administración pública, de manera que se "fortalece el control sin permitir la coadministración".
La presentación señala que se pretende garantizar una fiscalización efectiva de la legalidad y el uso correcto de fondos públicos, al tiempo que se dota de una mayor seguridad jurídica a instituciones y administrados.
Ley para procedimiento especial para la prevención de riesgos inminentes para la vida o salud de los costarricenses
Busca que la Contraloría pueda autorizar procedimientos especiales de contratación para enfrentar riesgos inminentes, sin eliminar los controles sobre recursos públicos.
Establece un mecanismo excepcional similar al de emergencias.
Proyecto de Ley de Ciudad Gobierno (Procigo)
Concentra instituciones en un solo complejo para mejorar la eficiencia y facilitar el acceso a múltiples servicios e impulsar la renovación urbana de San José.
Sostiene que la iniciativa generará un ahorro al Estado de $26 millones anuales en alquileres, al tiempo que se logra una concentración de instituciones en instalaciones modernas para 10.000 funcionarios.
Ley para promoción de seguros agropecuarios
Propone dar acceso a productores agropecuarios a seguros para riesgos climáticos, sanitarios y productivos.
Crea un fondo para subsidiar primas y priorizar a los sectores más vulnerables.
Ley de creación del Estatuto de Empleo Público del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Plantea un régimen de empleo público propio para esa entidad que fortalezca su autonomía, gestión del talento humano y responda a la demanda del mercado laboral.
Además, busca acelerar el reclutamiento y la incorporación del personal técnico y especializado, según las necesidades del Instituto de Aprendizaje.
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