En carta a cúpula de CCSS, exdiputada pide revisar acuerdos tomados con representante temporal

La exdiputada Rocío Alfaro, a la que el Consejo de Gobierno rechazó nombrar como representante sindical, solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) revisar los acuerdos tomados por ese órgano con la presencia de un integrante pro tempore.

Vía correo electrónico, la exlegisladora del Partido Frente Amplio (PFA) dirigió una carta la tarde de este martes a los nueve miembros de la cúpula en la que les hizo ver los riesgos que se pueden derivar de "sesiones posiblemente irregulares" de la Junta Directiva, como consecuencia del nombramiento de Róger Rivera como representante temporal de las organizaciones de trabajadores.

Lo anterior ocurre a pesar de que la Dirección Jurídica de la propia entidad sostiene que el Poder Ejecutivo está facultado para una designación como la cuestionada por Alfaro, mientras defiende que la Caja es una "receptora pasiva" de una decisión de otro órgano.

"Incorporar al señor Roger Rivera Mora con el propósito de completar el denominado quórum integral o legal, sin que resulte claro el fundamento normativo que habilita una representación sindical 'pro tempore', plantea serias dudas sobre la regularidad de la integración del órgano y, consecuentemente, sobre la validez de las sesiones celebradas y de los acuerdos adoptados bajo esa conformación.

"Asimismo, la continuidad de actuaciones sustentadas en una integración cuya legalidad se encuentra cuestionada, especialmente después de conocido el pronunciamiento de la Sala Constitucional (que anuló el rechazo de Alfaro como representante), podría eventualmente generar responsabilidades de distinta naturaleza si se determinara que se actuó en contravención del ordenamiento jurídico o de una resolución constitucional de obligatorio cumplimiento", expone la comunicación en poder de Teletica.com.

En línea con lo anterior, la excongresista hace ver que esas "responsabilidades" serán establecidas por las autoridades competentes con base en las circunstancias, el grado de conocimiento y de participación de cada directivo.

A ello agregó que determinaciones acordadas en ese contexto también pueden comprometer el uso adecuado de recursos públicos por duplicación de procedimientos, inseguridad jurídica o retrasos adicionales en asuntos que requieren una respuesta efectiva.

La exdiputada llamó entonces a los integrantes del máximo órgano de la institución administradora de los hospitales públicos del país para que "reconsideren su actuación" y adopten "las medidas necesarias" para establecer una integración de la Junta Directiva ajustada a la ley, así como para proteger la validez de sus decisiones, en respeto a la voluntad del sector sindical que la eligió a ella como su representante.

De igual forma, Alfaro expuso una serie de argumentos con los cuales rebatió los alegatos de la asesoría legal de la Caja.

"No son actores pasivos en el entendido de que fue la presidenta ejecutiva de la Caja (Mónica Taylor) quien solicitó al Consejo de Gobierno el 3 de agosto mediante oficio JD-0463-2026 y hecho público en conferencia de prensa el 4 de agosto, que se nombrara al señor Róger Rivera como representante 'pro tempore' del sector sindical, por lo que la Presidencia Ejecutiva tuvo una participación activa en las actuaciones que condujeron a la actual integración de la Junta Directiva", indicó la exlegisladora.

Pero la excongresista además considera insuficiente el argumento dado por la Dirección Jurídica de que no había sido notificada directamente sobre el fallo que anuló el rechazo de su nombramiento como representante sindical, pues su existencia era conocida e, incluso, fue objeto de discusión por la propia cúpula en la sesión ordinaria del 18 de agosto pasado.

Añadió la exdiputada que, si bien el voto 2026-031380 del Alto Tribunal se dio después de la juramentación de Rivera, lo cierto es que también llegó antes de que este se incorporara por primera vez a la Junta Directiva.

"Por consiguiente, resulta jurídicamente necesario determinar si subsistía el presupuesto que había servido para justificar la designación excepcional de una persona distinta de aquella elegida por el sector sindical, particularmente cuando el acto que impedía la juramentación de esta última había sido objeto de un pronunciamiento adverso de la Sala Constitucional", señala la carta.

Alfaro indicó, frente al argumento de una supuesta urgencia por conformar legalmente al máximo órgano de la entidad que vela por la seguridad social, que el funcionario de hecho (figura contemplada en el artículo 19 del Reglamento Interno de la Junta Directiva de la Caja) ya permite que esa cúpula sesione para conocer asuntos de ese tipo.

De hecho, fue así como esa instancia pudo operar el 3 de agosto anterior, después de casi tres meses de inactividad. Ese día se acordó, entre otras cosas, una estrategia para atacar las listas de espera, hasta reducir los plazos que aguardan los pacientes por procedimientos en el 2030.

Sobre el oficio enviado por la exlegisladora, este medio mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de la Caja de Seguro Social.