Última Hora

La reforma al empleo público continuó hoy con su lento avance en el Plenario Legislativo, que ya conoció 110 de las 254 mociones de reiteración presentadas.

Al igual que el lunes, la jornada de este martes permitió el análisis de 55 propuestas y la aprobación de solo cuatro: tres referentes a la salud ocupacional y una más a las universidades públicas.

Las primeras, todas de la liberacionista Franggi Nicolás, obligan a las entidades públicas a contar con un reglamento autónomo de servicio o su equivalente normativo para regular las condiciones de trabajo y de salud ocupacional, esto según los lineamientos del rector del empleo público y las oficinas de salud ocupacional.

La cuarta es una de la socialcristiana Shirley Díaz que garantiza que a las universidades públicas se les respeten los plazos de contratación establecidos en sus estatutos orgánicos y reglamentos, específicamente en los nombramientos y periodos de prueba de la alta dirección.

Díaz presentó (y defendió) 14 mociones esta tarde, mientras que el diputado del PIN, Wálter Muñoz, hizo lo propio con otras 16 mociones.

Ellos dos agotaron toda la discusión de la segunda parte de la sesión sin conseguir mayores cambios.

Sin embargo, lo más importante del día estuvo en lo que no se aprobó.

Salario global

El rechazo de una moción de los socialcristianos Pablo Heriberto Abarca y Rodolfo Peña dejó en firme cómo funcionará el salario global a partir de la reforma.

Ambos defendían que los 28.600 trabajadores que quedarían eventualmente por debajo de la marca mínima de ese salario único podrían trasladarse de manera inmediata al nuevo régimen y con esto recibir un aumento súbito en su remuneración.

Esa propuesta, sin embargo, le costaría al Estado cerca de ₡32 mil millones anuales.

La defensa de los proponentes y otros diputados como el frenteamplista José María Villalta es que no permitir ese aumento se convertiría en un vicio constitucional insalvable, pues cualquier empleado nuevo ganaría más que ese amplio grupo de trabajadores pese a la antigüedad de estos.

Sin embargo, el texto se mantuvo a como salió de la comisión: los empleados por debajo del mínimo seguirán recibiendo los aumentos de ley hasta alcanzar esa marca, un proceso que según Villalta podría tardar hasta 19 años.

En el otro extremo, los trabajadores con salarios por encima de la marca dejarán de recibir aumentos.

Villalta todavía tiene una moción de reiteración pendiente de defender que apunta precisamente a la posibilidad de realizar dos aumentos semestrales a esos trabajadores que quedaron debajo; sin embargo, esa posibilidad tampoco goza de mayor apoyo en el Plenario.

El otro cambio que no pasó fue la también intención de Abarca de meter a las instituciones en competencia (actualmente excluidas) en la reforma en temas como convenciones colectivas o la rendición de cuentas. 

Eso significa que el INS, Recope o el ICE, por ejemplo, seguirán totalmente excluidas del proyecto.

La discusión de la reforma continuará este miércoles nuevamente a doble sesión: iniciando a las 9:15 a. m. y extendiéndose hasta las 6 p. m.