Por Juan José Herrera |9 de marzo de 2021, 12:24 PM

Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración acabaron esta mañana la revisión de las 474 mociones presentadas al expediente, por lo que ahora el proyecto volverá al Plenario para su discusión y votación final.

Llegará, sin embargo, cargado de cuestionamientos por asuntos sin revolver y cambios sobre los que no hay un consenso claro.

Los principales puntos de desacuerdo son también los medulares de la reforma: salario global, rectoría y exclusiones.

Hoy, en la discusión final de mociones, los diputados negaron por mayoría la posibilidad de aumentar de golpe los salarios de casi 30 mil funcionarios por debajo del salario único, una decisión que habría significado la erogación anual de ₡32 mil millones por parte del Estado.

“¿Qué cuesta ₡32 mil millones?, se han dilapidado ₡15 mil millones en bonos Proteger, hay formas, hay superávits (…) por ₡32 mil millones estamos arriesgando que el Estado pierda millones en litigios, porque con un juicio que se pierda hay que pagar”, cuestionó el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca.

El frenteamplista José María Villalta, quien luchó hoy por ese aumento inmediato, estimó que a un policía que gane ₡400 mil le tomaría casi 20 años en las condiciones actuales alcanzar el salario global de ₡600 mil, provocando una “injusticia” con esa defensa de la equidad, pues un empleado nuevo ganaría más que uno viejo en esos casos.

“No podemos ser tan irresponsables de tomar decisiones pensando que vamos a estar 20 años con la misma deuda PIB porque eso no es cierto, ni tampoco aceptar gastos sin decir de dónde saldrá la plata”, cuestionó la independiente Zoila Rosa Volio.

En el tema de la rectoría la tesis que prevalece es que Mideplan asuma una rectoría política y el Servicio Civil la técnica, pero le tocará al Plenario definir cómo funcionará esa dualidad.

Finalmente en materia de exclusiones hay un amplio trabajo por delante, especialmente en el tema de las universidades públicas.

“Creemos que las universidades del Estado deben quedar dentro de la reforma al empleo público, pero respetando su autonomía, sobre eso hay suficientes mociones para aclarar bajo ese norte, bajo el respeto jurídico e institucional.

“Hemos avanzado muchísimo de manera correcta, asertiva, constructiva, ahora queda una fase que es sacarlo adelante en el Plenario y poder tener la ley de empleo público que el país necesita en el menor tiempo posible”, dijo el presidente de la comisión, Víctor Morales Mora.

El proyecto llegará en los próximos días al Plenario. Ahí se podrán presentar mociones de revisión sobre algunas de las mociones discutidas en comisión.

La reforma al empleo público es el proyecto principal dentro de la agenda de negociación con el FMI, cuyas propuestas deben estar aprobadas antes de junio próximo.