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La discusión del empleo público sigue provocando grietas en el Partido Acción Ciudadana, que está claro no rema junto cuando se habla de la reforma.

El proyecto, impulsado con ahínco por el Gobierno de Carlos Alvarado, encontró un primer gran escollo en los oficialistas Welmer Ramos y Paola Vega, autores entre ambos de poco más de 100 mociones de reiteración que entraban la discusión de la iniciativa y críticos ácidos de los alcances y consecuencias que, según el Ejecutivo, este tendría.

Este jueves, además, un importante número de partidarios del PAC, incluidas la expresidenta del partido y exdiputada Elizabeth Fonseca y la exsecretaria general Margarita Bolaños, condenaron a la fracción oficialista por impulsar y defender la reforma, que aseguran tiene un “tufo populista” y se aleja de los principios y propuestas del partido.

“Es peligroso que una mayoría de la fracción defienda a ultranza avanzar un proyecto fiscalista de empleo público que además toca la naturaleza del Estado costarricense y sus equilibrios de poder. Preocupa porque esos cambios deben ser resorte de una Asamblea Constituyente.

“Las justificaciones que la fracción legislativa ha dado en sesiones informativas al partido son frases entresacadas de los documentos de nuestro pensamiento político, pero no hay una ponderación política integral para ubicar el polémico proyecto de ley adversado por una mayoría de la dirigencia y la militancia partidaria”, dijeron en un comunicado suscrito por 22 nombres.

Los partidarios aseguraron que el proyecto actual “atenta contra la clase media y las autonomías municipal y universitaria”, mientras que dicen desconoce la visión del PAC en el papel estratégico de la educación superior pública.

El pronunciamiento critica con dureza las palabras del actual jefe de fracción del PAC, Enrique Sánchez, defensor de la reforma y quien desistió de apoyar la realización de un “congreso ideológico” para analizar a fondo la propuesta alegando que eso sería insensible con la necesidad que viven actualmente miles de costarricenses.

“Una excusa y un razonamiento con tufo populista porque la estandarización salarial no conlleva a la justicia ni a la igualdad, sino a reducir el gasto público y a debilitar la institucionalidad democrática a contrapelo de saltarse preceptos constitucionales”, dijeron los partidarios.

El comunicado llega poco después de que el Plenario aprobara por amplia mayoría una moción que reincorpora a las universidades públicas y las municipalidades a todos los alcances de la reforma, moción que fue apoyada por toda la fracción oficialista a excepción de Ramos y Vega.

El Presidente y su gabinete han desistido, hasta ahora, de ahondar en la oposición que han encontrado entre su propio partido y se han limitado a reconocer que es parte de los contrapesos que existen en la democracia. 

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