Ejecutivo y oficialismo analizan reformas para mantener viva propuesta de cannabis recreativo

El Poder Ejecutivo y el diputado oficialista, Manuel Morales, analizan una serie de reformas para “tratar de mantener vivo” el proyecto que busca legalizar el uso de cannabis para fines recreativos en Costa Rica.

El legislador fue citado el próximo lunes en Casa Presidencial para reunirse con autoridades de Seguridad, Salud y Turismo en busca de un texto que solucione al menos parte de las numerosas quejas que la propuesta del Gobierno ha recibido desde que llegó a la corriente legislativa en octubre pasado.

En esa cita, donde también estará la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, el Ejecutivo le presentará a Morales una propuesta de texto sustitutivo y este a su vez una lista de mociones que tiene listas para la redacción actual.

“El Ejecutivo prefiere un texto sustitutivo, yo como poder legislativo prefiero irlo metiendo mediante mociones porque cada moción es un tema diferente, entonces prefiero que mis compañeros de la comisión las analicen por aparte.

“El lunes vamos a tener reunión para coordinar todos esos movimientos y tratar de mantener ese proyecto vivo, hacerle los cambios que han recomendado las instituciones que se han opuesto, pero que lo han hecho por ciertas circunstancias. Para eso es la reunión y para eso son las mociones”, dijo el diputado.

Dentro de los cambios que Morales defenderá en esa cita, está eliminar la palabra “recreativo” del título de la iniciativa y que se lea “Ley de Control y Regulación del Cannabis para Uso Adulto”.

Además, el diputado plantea la eliminación de los artículos 10 y 52: el primero que permite el autocultivo de marihuana con un máximo de seis plantas por persona, mientras que el segundo pretendía convertir a Costa Rica en un “destino turístico de consumo responsable” mediante campañas de promoción.

Esos tres puntos han sido quejas recurrentes de las instituciones que han desfilado por la Comisión de Ambiente para expresar su rechazo a la propuesta.

“El otro tema importante del que estamos pendientes es equiparar el reglamento de la Ley Antitabaco con este proyecto de cannabis para que tengan las mismas prohibiciones, por ejemplo en el tema de propaganda, en las restricciones de menores de edad o de juguetes, como sucedió con los cigarrillos de chocolate, por ejemplo.

“Esa posibilidad solucionaría en gran parte eso (las quejas de sectores sobre promoción, empaquetado y etiquetado)”, dijo.

El diputado, único representante del partido Progreso Social Democrático (PPSD) en la comisión, aseguró que también variarán los requisitos de importación y limitarán el contenido de THC (componente psicoactivo del cannabis) que tendrán los productos importados.

“Una de las quejas es que en Costa Rica no hay laboratorios certificados, pero es lógico porque no hay consumo legal, entonces mientras estos se desarrollen en el país, la idea es que se importen productos de países que sí tengan esos laboratorios y que se restrinja la importación a algunos de estos y a su contenido, a temas de vencimiento, del origen de la planta, la especie…

“Esa a final es la esencia del proyecto, darle seguridad al consumidor de lo que está consumiendo, que es algo que no se tiene con el narcotráfico”, añadió.

Entidades como el IAFA o la Asociación Nacional de Psiquiatría han dicho a los diputados que la legalización del cannabis en el país solo conseguiría aumentar el consumo de esa droga, pues en otras latitudes se ha probado que no es una solución real al problema del narcotráfico.

“Siempre van a haber instituciones que están en contra, lo que yo debato es que ahorita no hay estadísticas de consumo, las vamos a tener hasta que se legalice, entonces no está bien decir que va a haber un aumento, es una presunción.

“Pero también es cierto que, se apruebe la ley o no, el consumo y el aumento ya está sucediendo, entonces regulémoslo, porque aquí los que están ganando son los narcotraficantes y los que están viéndose afectados es todo el Estado, tanto en salud, como violencia, delincuencia y todo lo que eso conlleva”, finalizó Morales.

La subcomisión tiene tiempo para dictaminar el proyecto hasta finales de febrero próximo, aunque ese plazo se podría ampliar.