Dos proyectos de agenda de seguridad de Fernández necesitarán 38 votos para aprobarse
Los magistrados consideran que las iniciativas presentadas en julio por la mandataria afectan el funcionamiento del Poder Judicial y, como consecuencia, ahora estas necesitarán una mayoría calificada.
La reforma parcial al Código Procesal Penal y el proyecto para dar monitoreo electrónico a los deudores alimentarios necesitarán 38 votos para aprobarse en la Asamblea Legislativa.
Esto luego de que los magistrados determinaran la mañana de este lunes que ambas iniciativas afectan el funcionamiento del Poder Judicial (lo que implica la necesidad de una mayoría calificada, según el artículo 167 de la Constitución Política).
La primera de las reformas busca, en esencia, sustituir la audiencia preliminar por una única vista previa al juicio en la que se concentre el control de la acusación.
El informe, rendido por la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, recopiló observaciones del Ministerio Público, la Defensa Pública y la Dirección Jurídica, que llevan a la conclusión de que el expediente 25.672 incide en la organización del Poder Judicial.
"De ese informe (de la Dirección Jurídica), ¿que es lo importante? Que viene agregado un análisis de la Dirección de Planificación en donde, como ustedes pueden observar, básicamente se sustituye la etapa intermedia que realiza el juez penal y esta tarea se la traslada al tribunal de juicio. Eso significa no solo que hay que realizar una modificación de competencias con relación a lo que hace el juez de juicio, que pasa entonces a hacerse ese análisis de valoración de si procede o no la aplicación de medidas alternas al juicio; en lugar del juez penal, lo hace el tribunal de juicio", comentó la magistrada ponente.
Solano recordó que el plan también propone que todos los testigos se apersonen para esa audiencia, algo para lo que el Poder Judicial ni siquiera tiene capacidad en la actualidad, ya que las personas son convocadas conforme al momento en el que se echará mano de su declaración en el debate.
De hecho, los tribunales ni siquiera tienen la posibilidad de recibir a todas las personas citadas en diferentes procesos de forma simultánea, según la alta jueza.
La magistrada agregó que la propuesta, de ser aprobada, conllevará un mayor gasto y nuevos recursos, como consecuencia de una recarga que se daría sobre los tribunales, al asignárseles una de las principales funciones de los juzgados.
De acuerdo con la Dirección de Planificación, producto de las recalificaciones de personal que serían necesarias para volver operativa la reforma, la institución incurriría en una erogación total de ₡12.325 millones.
"La conclusión es que esta reforma de ley sí impacta en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, y en esos términos lo dejo planteado", señaló Solano.
Al informe rendido le hicieron observaciones los jueces Gerardo Rubén Alfaro, Patricia Vargas e Iris Rocío Rojas. Esta última, incluso, adelantó que consignará razones distintas a las dadas por la ponente.
El otro proyecto, que se tramita en el Congreso bajo el expediente 25.675, busca que las personas con apremio corporal por deudas alimentarias no vayan a prisión, sino que sean monitoreadas con tobillera electrónica para que puedan buscar trabajo.
Sobre la iniciativa, el presidente de la Sala Segunda, Porfirio Sánchez, expuso que el plan no se limita a incorporar la herramienta tecnológica para este tipo de casos, sino que le da nuevas competencias a los jueces de familia y de pensiones alimentarias, al tiempo que se le otorgan funciones adicionales al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
A lo anterior se agrega que el texto incluye un transitorio que obliga al Poder Judicial a adoptar medidas administrativas, normativas, tecnológicas y de capacitación a los órganos competentes.
"En conclusión, me parece que este proyecto sí incide en la organización y en el funcionamiento del Poder Judicial en los términos que establece la norma constitucional y la ley orgánica", indicó el magistrado.
Ambas iniciativas fueron presentadas el 27 de julio pasado por la presidenta Laura Fernández, como parte de su segundo paquete de proyectos de seguridad.
Otras iniciativas del Poder Ejecutivo o de la fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) que han corrido la misma suerte incluyen, por ejemplo, la modificación en la elección del fiscal general o el plan de "mano firme" a la reincidencia delictiva.
