Diputados proponen castigar con cárcel las inversiones en países no cooperantes

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron este viernes, de manera afirmativa, el expediente 20.437, correspondiente a la Ley contra la participación de servidores públicos en paraísos fiscales.

Se trata de una reforma a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, propuesta desde 2017 por los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero y Marco Vinicio Redondo, así como la frenteamplista Patricia Mora.

En un texto sustitutivo aprobado hoy, los legisladores acordaron sumar tres artículos a la ley, el último con el objetivo de imponer sanciones de hasta cinco años de cárcel a los jerarcas de la administración pública que realicen inversiones, tengan participaciones accionarias o económicas o bien sean parte de sociedades o entidades que mantengan actividades en países o jurisdicciones no cooperantes en materia tributaria.

Tanto el texto sustitutivo como el dictamen favorable fueron apoyados por ocho de 10 legisladores presentes, con las únicas negativas de Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista) y José Pablo Sibaja (Nueva República).

Video: Declaraciones de Jonathan Acuña (FA)

Feinzaig aclaró que su negativa no pasa por defender ninguna inversión propia o interés de un tercero, sino más bien por evitar un perjuicio a los funcionarios públicos, a quienes considera que esta ley les pondría “una guillotina en la cabeza”.

El economista precisó que, en su redacción actual, el proyecto no contempla que una persona física o jurídica pueda tener inversiones en acciones de empresas que sí tienen participaciones en jurisdicciones no cooperantes y que, para efectos legales, estaría cometiendo un crimen.

Añadió, por ejemplo, que la misma lógica podría aplicarse para las inversiones que realizan operadoras de pensiones en sus ahorros.

“Yo no voy a votar esto porque no estoy de acuerdo con su redacción actual, mi forma de entender el proceso de mejora de las leyes es sacar el mejor producto en el momento en que estoy, no sacar una cochinada para ver si después en el Plenario me apoyan con esa moción”, aseveró.

Precisamente, la tesis que imperó en el órgano fue la de aprobar el proyecto y luego mejorarlo en el Pleno vía mociones de fondo.

Este mismo viernes, la comisión también dictaminó, de manera unánime, el expediente 21.188, que obliga a que todas las amnistías o condonaciones tributarias sean públicas, algo que ahora mismo no sucede, pues el Ministerio de Hacienda no está obligado a brindar esa información.