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Los diputados aprobaron esta mañana en segundo y definitivo debate el proyecto para legalizar el cultivo y comercio de cannabis medicinal y cáñamo industrial en Costa Rica.

La discutida iniciativa pasó con el respaldo de 29 legisladores y el rechazo de otros 10 luego de superar una consulta de constitucionalidad.

El proyecto, que ahora pasará a manos del Poder Ejecutivo en busca de la firma del presidente Carlos Alvarado, pretende regular esta industria en el país como una forma de reactivar la economía, generar ingresos y crear empleos. 

Además, defiende la atención de miles de pacientes como un recurso paliativo.

“En nombre de esos pacientes que hoy pueden tener una esperanza, en nombre de los miles y miles de costarricenses sin empleo, en nombre de los que no tienen futuro, les doy las gracias, porque hemos dado un proyecto esperanza, un proyecto oportunidad, iniciaremos el camino para una adecuada reglamentación para que esto se pueda transformar en frutos para nuestro país.

"Tal vez es el proyecto más importante de esta legislatura en reactivación económica, ha sido el proyecto más importante en generación de inversión, de empleo, pero lo que más vale es la calidad de vida que vamos a dar a pacientes con cáncer, con problemas inmunológicos, epilepsia, lupus… Gracias", dijo la independiente Zoila Rosa Volio, proponente de la iniciativa.

En detalle

Entre otras, el proyecto establece que para el caso del cannabis psicoactivo este se permitirá siempre y cuando el THC (componente psicoactivo) no supere concentraciones de 1%.

También se avalará la importación de semillas de variedades psicoactivas para su venta como materia prima a la CCSS o para su exportación a terceros países donde se permite el comercio lícito de estos productos.

Las licencias de comercio y cultivo para esta industria se otorgarán por seis años y podrán renovarse por periodos idénticos.

Un 40% de esas licencias agrícolas irán dirigidas a Mipymes, organizaciones de pequeños y medianos productores, cooperativas agrícolas o asociaciones de desarrollo indígena.

Esos permisos, además, se limitarán a uno por persona física o jurídica.

La industria del cannabis y el cáñamo tendrá un impuesto del 1% sobre las utilidades de las actividades derivadas de la futura ley.

Esos recursos serán adicionales al impuesto de la renta y se repartirán entre diferentes instituciones como el Ministerio de Salud, Agricultura y Ganadería y Instituto Costarricense sobre Drogas (todos con 10%), un 20% para la CCSS y un 30% para el Fondo Nacional de Desarrollo del Sistema Banca para el Desarrollo.

El proyecto, según estadísticas de Procomer, le abre las puertas a Cosat Rica a un mercado mundial que movería $35 mil millones para 2025.

Incierto

La aprobación en segundo debate del expediente no es, sin embargo, un triunfo definitivo para los impulsores de la legislación.

El ministro de Salud, Daniel Salas, ya advirtió que su cartera ve con recelo el apartado de autocultivo de cannabis para pacientes enfermos. 

Según el jerarca, el texto no pone límites a esa posibilidad, lo que podría suponer un riesgo importante para la población.

Con eso en mente, el presidente Alvarado, que en reiteradas oportunidades alabó la industria del cáñamo pero cuestionó la apertura del cannabis, aseguró que revisarán el texto antes de tomar una decisión sobre su firma o no.

Los diputados temen entonces que el Ejecutivo vete parcialmente la ley, lo que devolvería el texto a la Asamblea Legislativa. 

Karine Niño, diputada del PLN, y Paola Vega (independiente) pidieron expresamente al mandatario no vetar ni parcial ni totalmente el proyecto sino más bien "ayudar" al país con los beneficios que defienden traerá. 

El Ejecutivo tiene 10 días para tomar una decisión al respecto.