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Once diputados de diferentes fracciones enviaron la noche de este miércoles a consulta  en la Sal Constitucional el expediente 20.861, que propone una tasa máxima de interés para todos los créditos formales del país.

La discutida iniciativa, que pretende definir la usura en el mercado financiero costarricense, recibió su primer debate el lunes anterior y tenía el segundo pactado para la sesión legislativa de este jueves.  

Sin embargo, esa consulta prorrogará la discusión por al menos un mes, que es el tiempo que tienen los magistrados para revisar el texto y emitir un fallo al respecto.

Los firmantes fueron los socialcristianos María Inés Solís, Pedro Muñoz y Erwen Masís; los independientes Erick Rodríguez e Ivonne Acuña; Otto Vargas y Dragos Donalescu del Republicano Social Cristiano; Wálter Muñoz y Patricia Villegas del PIN y Jonathan Prendas e Ignacio Alpízar del bloque Nueva República.

Sin embargo, la Sala confirmó horas después el retiro de Wálter Muñoz y Patricia Villegas de la consulta y la adición de último momento del socialcristiano Óscar Cascante para completar las 10 firmas necesarias.

Los legisladores, entre otros, alegan que el proyecto presenta un riesgo demasiado alto de exclusión para los sectores más vulnerables de la población al fijar la tasa máxima de interés en un 39%.

Para esta afirmación se apoyan en las posiciones de la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), el Banco Central y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), quienes han insistido desde el día uno en que la fijación es no solo contraproducente sino además dañina, especialmente en la coyuntura actual de emergencia nacional por los efectos del COVID-19.

Esa tesis, antes desechada por varios de los firmantes, ahora ha encontrado eco en un número importante de legisladores, que votaron la iniciativa el lunes haciendo la salvedad de lo poco prudente que era en medio de la situación actual.