Última Hora

Los diputados de la Comisión de Ambiente dictaminaron esta mañana el proyecto de ley que sanciona con cárcel el robo de combustibles y los daños al sistema nacional de combustibles de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

La iniciativa, que se analiza bajo el expediente 21.447, establece sanciones de entre seis meses y 15 años a quienes dañen un poliducto, roben combustibles, lo transporten o lo importen al país de manera ilegal.

“Recope registra pérdidas millonarias por robo de combustibles y daños graves en su infraestructura. Sin embargo, carecemos en nuestro ordenamiento jurídico de legislación que combata de manera específica tal actividad ilegal. Por eso, este proyecto es de carácter urgente y esperamos su pronta aprobación en el Plenario Legislativo”, explicó Paola Vega, presidenta de la comisión.

El proyecto establece nuevos delitos con diferentes penas de acuerdo a la gravedad, por ejemplo los daños al poliducto, robo de hidrocarburos, importación y transporte o almacenamiento ilegal.

Además, define como agravantes el daño ambiental producido a partir de algunas de estas conductas, que un funcionario público sea parte de estos delitos o bien que estos actos permitan el abastecimiento de organizaciones criminales como el narcotráfico.

“Este es un esfuerzo de todas las fracciones, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El proyecto no solo busca sancionar cualquier irregularidad en el manejo de combustibles a nivel nacional sino también el ingreso ilegal de combustible al país producto del narcotráfico.

“Se mejoran los tipos penales, se generan sanciones más claras y aterrizadas y también se da un agravamiento a la sanción cuando este derrame produzca un daño ambiental y también cuando se utilice la importación ilegal para abastecer estructuras criminales”, dijo a su vez el liberacionista Gustavo Viales.

Discusión

En la discusión del proyecto el director del OIJ, Wálter Espinoza, señaló la necesidad de fortalecer la normativa ante estas conductas pues ahora mismo existen variadas y graves “lagunas de punibilidad” especialmente para poder sentar responsabilidades.

Sin embargo, la iniciativa encontró voces de alerta en otros sectores del Poder Judicial, especialmente por lo alto de las penas propuestas.

La fiscala general Emilia Navas y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, coincidieron ante los diputados en que estas penas son desproporcionadas y deberían revisarse.

“Tiene que haber una diferencia entre todas las conductas, porque no puedo sancionar igual al que financie como al que transporte o tenga almacenado en una bodega. Tiene que haber una diferencia aunque pertenezcan las personas a un mismo grupo criminal o colaboren en diferentes maneras”, dijo Navas.

“Después de estar muchos años en lo penal tengo mucha desconfianza en los castigos, eso no significa que para lo más grave siempre deba haber un castigo, pero la visión en un estado social debe ser siempre muy diversa y plantearse bien qué bien jurídico estamos tutelando aquí como para poner una pena muy alta. Siempre existe el imponderable de que un castigo no haga cambiar a la persona”, afirmó a su vez Cruz.

El proyecto, convocado por el Poder Ejecutivo para este periodo de sesiones extraordinarias, pasará ahora al Plenario para su discusión y posterior votación.