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Pese a la presión de un variado número de legisladores y una extenuante discusión, los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración se negaron a excluir a las universidades públicas de la reforma al empleo público.

En eso se concentró la agenda durante las casi cinco horas que duró esta primera sesión de análisis de mociones al expediente 21.336, que logró revisar solo 38 de 476 presentadas.

El peso de ese pulso lo llevaron adelante la oficialista Paola Vega y el frenteamplista José María Villalta, quienes insistieron en la inconstitucionalidad que supone violentar la autonomía universitaria en temas como la definición salarial o los procesos de contratación.

Otros, como Dragos Dolanescu (independiente) o Aracelly Salas (PUSC), también intentaron sin éxito conseguir esas y otras exclusiones, por ejemplo al Poder Judicial.

La insistencia de Vega fue tal que llevó al presidente de la comisión, su compañero Víctor Morales, a recordarle que ni el presidente Carlos Alvarado, ni el Gobierno ni la mayoría de su propia fracción están a favor de esa tesis de excluir a las universidades.

“Le recuerdo que hay una posición clara del Gobierno que es mantener a las universidades dentro del margen de aplicación de la ley y esa además es la posición de la gran mayoría de la fracción   

“Mi interpretación es que la mayoría de los diputados están tomando esta decisión sin pensar en violentar la autonomía o la libertad de cátedra, sin pensar en ir a nombrar un profesor, es pensar en la necesidad de ordenar estos temas, eso es lo que se busca, en ese espíritu yo mismo me permití plantear que las mismas universidades generaran iniciativas para ayudar a aclarar cosas, a explicar y desarrollar”, dijo Morales.

Vega, que durante toda la sesión insistió que ella solo está alineada a la Constitución Política y que se declara rebelde si eso supone no hacerlo, desafió también a su compañero.

“Le pediría no hablar de la mayoría de la fracción, podría sorprenderse de ver que hay otros diputados que comparten lo que defiende esta diputada”, dijo.

Unos sí y otros no

Dentro de las pocas mociones aprobadas destacó la presentada por Morales y el jefe de fracción de Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón.

El cambio permitió que las empresas municipales o empresas mixtas quedaran excluidas de la aplicación de la ley. Estas son empresas que cumplen labores en los municipios pero que también tienen fondos privados.

Villalta advirtió que esto abre un peligroso portillo pues las municipalidades pueden trasladar ahí sus operaciones con el objetivo de evadir las restricciones legales.

“La diferencia principal de esta moción con las nuestras de las universidades es que Liberación Nacional sí controla las municipales, lo mismo el PUSC y en menor medida el PAC, ahí sí no importa la exclusión”, criticó el frenteamplista.

También se decidió mantener la exclusión de las empresas públicas en competencia al proyecto pero con la excepción de lo relativo a la negociación de convenciones colectivas, algo que criticó el socialcristiano Pablo Heriberto Abarco aduciendo que en estas instituciones también existen gollerías que combatir.

Abarca intentó sin éxito que esa exclusión tuviera también controles estrictos de supervisión y una delimitación sobre sus libertades, pero esa fue denegada.

También se negó excluir al ICE del apartado de energía, aunque solo compite en Telecomunicaciones.

La discusión de mociones continuará este miércoles a partir de la 1:15 p. m.