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Los diputados de la Comisión de la Mujer dictaminaron este lunes el expediente 21.790, que define las funciones de las vicealcaldesas dentro de las municipalidades.

El proyecto busca combatir la discriminación sufrida por muchas mujeres que ocupan estos cargos, pues al no estar claras sus tareas, a menudo son víctimas de órdenes antojadizas o son objeto de una subutilización laboral.

“Son muchos los casos que se han presentado de afectación a los derechos de las mujeres como vicealcaldesas, al no asignarles funciones, asignarles funciones que no son propias de su cargo o asignarles funciones pero no recursos para que no las puedan llevar a cabo”, dijo la oficialista Nielsen Pérez.

Según la diputada, se sabe de casos de vicealcaldesas a las que se les encarga servir el café o chequear el ingreso de personas.

Con el proyecto se pretende que estos puestos no solo sean un potencial sustituto del alcalde, sino que asuman funciones para el beneficio de los gobiernos locales.

Rechazo

Esta mañana, además, los legisladores de ese órgano rechazaron por unanimidad el expediente 21.299, denominado “Ley de atención integral de la mujer embarazada en conflicto con su maternidad, adopción anticipada, alumbramiento anónimo, inscripción de nacimiento y emplazamiento de la filiación de persona concebida mediante técnicas de reproducción humana asistida”.

La diputada Paola Vega Rodríguez argumentó que la iniciativa presenta problemas desde su título al establecer que la mujer puede estar en conflicto con su maternidad, pues asegura que tal situación no existe, pero sí el derecho a tener o no hijos.

Además, aseguró que el proyecto niega el derecho que tiene la mujer a interrumpir un embarazo y, según sostiene, mercantiliza los úteros de las mujeres y abre el espacio de un mercado de vientres de alquiler.

Shirley Díaz aseguró que el proyecto tenía como fin brindar soluciones jurídicas a mujeres con embarazos no deseados, pero aceptó que el texto presenta falencias en su formulación.

El frenteamplista José María Villalta dijo, a manera de ejemplo, que esa deficiente redacción defendía sanciones para mujeres que, incluso de manera involuntaria, pusieran en peligro a sus hijos en gestación, poniéndolas en un registro de violencia prenatal.