Última Hora

Luis Ramón Carranza y Welmer Ramos, diputados del oficialista Acción Ciudadana, enviaron una carta al Fondo Monetario Internacional el pasado miércoles señalando la urgencia de que las reformas propuestas no “dinamiten la paz social”.

La advertencia fue hecha dos días antes de que el Gobierno y el organismo multilateral hicieran públicas las condiciones que incluirá el acuerdo de financiamiento ampliado con el que Costa Rica busca un crédito blando por $1.750 millones para mediados de este 2021.

El documento señala la imperiosa necesidad de “corregir la pavorosa concentración del ingreso”, no vender instituciones públicas, no mermar las capacidades del Estado en materia monetaria y fiscal y tener en cuenta el bienestar social por encima del mero ajuste fiscal.

La misiva, además, critica aspectos que quedaron por fuera de negociación como una propuesta de reforma al mercado o la ley de medicamentos; y otros que se sí incluyeron como la venta de la cartera crediticia de Conape y por la que insistido el Gobierno pese a la mala reacción de la Asamblea Legislativa.

¿Se salieron del saco Carranza y Ramos?

“No nos estamos saliendo de ningún saco, lo que estamos disfrutando es que el ejercicio de pensar lo tenemos vivo, hemos sabido manejar nuestras diferencias. Si lo alcanzado (en esa negociación) es el arte de lo posible, vamos a estar por encima de nuestras propuestas pero luchar por lo que podemos alcanzar si creemos que es lo que beneficia al país. Actuamos sin limitarnos”, dijo Carranza.

El diputado aseguró que no están de acuerdo con la forma en que se planteó la negociación de renta global dual ni tampoco con que se excluyera la renta mundial, así como la tozudez por vender la cartera de Conape.

“Cuando uno plantea una salida a la crisis debe también plantear la solución, ¿qué va a hacer Conape cuando venda la cartera pero tenga que mantener la estructura? Si la dejamos tal y como está, pero sin su cartera, va a ser imposible mantenerse, eso es lo que estamos planteando y hemos venido diciendo”, añadió.

Carranza defendió que estos puntos sí fueron presentados al Ejecutivo antes de esa negociación final pero que entiende que “en un gobierno de unidad todas las voces deben ser escuchadas”.

“Nosotros tenemos una visión más amplia de lo que es la solución con un corte más social, pero tenemos un gobierno de unidad nacional donde convergen más ideologías.

“No quiere decir que el Presidente o quienes estuvieron no tengan una visión como la nuestra, pero estas diferencias no son de ahora. Nosotros somos respetuosos de lo que se plantea, vamos en esa línea de una reforma urgente y en algunos casos llegamos a acuerdos, por eso estamos felices de que no se estén empeñando los activos del Estado como otros quisieran”, dijo.

Carranza aseguró que él y Ramos han sido muy críticos en temas como estos y que no es nueva su lucha incluso contra autoridades del Gobierno por ejemplo en temas como el de usura y datáfonos.

Señaló además que el tema fue discutido con el resto de la fracción oficialista en busca de más votos, pero que esto “no siempre es posible”.

“No queremos que se tome a mal, somos y hemos venido compartiendo que hay que hacer algo, pero sin quedarnos de brazos cruzados. No queremos que la historia no nos juzgue por no haber hecho planteamientos que se tenían que hacer, por advertir que los bancos han sido espectadores y no actores en esta crisis.

“Pero que quede claro, esto no quiere decir que nos vamos a sumar a la oposición en esta discusión del acuerdo con el FMI, no, vamos a defender ese tema como hasta ahora, y vamos a mantener nuestra oposición en ciertos aspectos, pero es una oposición responsable, sin dejar de pensar”, finalizó.

La carta enviada al FMI por Ramos y Carranza incluye la necesidad urgente de incluir cuatro proyectos de ley: la Ley Concursal para modernizar procesos de quiebra; la ley de creación de la comisión evaluadora de la gestión tributaria y aduanera del Ministerio de Hacienda; el proyecto para promover la competencia en el mercado de medicamentos y la ley para limitar las adendas abusivos en contratos de obra pública. 

Ninguno de ellos fue incluido en la negociación final.