Por Juan José Herrera |7 de marzo de 2022, 17:12 PM

Los diputados aprobaron esta tarde en segundo y definitivo debate el proyecto marco de empleo público, que promete reformar las reglas que dirigen el trabajo en todo el sector estatal.

Luego de años de discusión, el Congreso consiguió esta tarde los 38 votos necesarios para aprobar la iniciativa, eje central del acuerdo negociado por esta administración con el Fondo Monetario Internacional.

El principal cambio propuesto es la instauración de un salario único o global para toda la administración, de manera que prevalezca la norma de que “a igual trabajo igual remuneración”.

Ese cambio sustancial implica que cualquier trabajador ganará lo mismo en el mismo puesto sin importar la institución para que la labore, eliminando así las diferencias que hoy existen en el sector público.

Así, aquellos funcionarios por encima de ese salario global dejarán de recibir aumentos hasta que el resto de sus pares los igualen.

También establece la definición de familias salariales para así controlar la remuneración en todo el sector, además de que establece todo un nuevo marco de evaluación y sanción que estará a cargo del Ministerio de Planificación (Mideplan), rector del empleo público en el país a partir de la firma de la ley por parte del Ejecutivo.

La reforma, que ya habían intentado sin éxito administraciones anteriores como la de Laura Chinchilla o Luis Guillermo Solís, fue cuestionada desde prácticamente todos los frentes, logrando superar dos consultas de constitucionalidad, pero costándole un enorme capital político al mandato de Carlos Alvarado.   

Dichas consultas lograron que se excluyera de esa rectoría al Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, municipalidades, universidades públicas y otras instituciones como la CCSS, pues los magistrados defendieron que todas estas tienen autonomía en materia de empleo y, por lo tanto, no pueden someterse a la jerarquía del Mideplan pues de lo contrario habría una clara violación al principio constitucional de la independencia de poderes.

Férrea lucha

El proyecto aprobado esta tarde no solo se enfrentó dos veces al examen constitucional, sino que superó además huelgas y diferentes luchas externas e internas para su aprobación.

Desde el propio Congreso, la iniciativa dejó atrás cientos de mociones de reforma que apuntaban mayoritariamente a la exclusión total de las universidades públicas y otras instituciones.

Esta tarde, la independiente Paola Vega y el frenteamplista José María Villalta, opositores desde el día uno de la reforma, recordaron una vez más su rechazo a una propuesta que calificaron de “populista, insuficiente, irresponsable y adefesio”, aseverando que no solo no cumplirá con los objetivos que ha defendido la actual administración, sino que además traerá inequidades y nuevos abusos en el trabajo estatal.

“Este desafortunado adefesio en el mejor de los casos será inaplicable y en el peor un daño irreparable, porque no solo no va a resolver el problema que ataca, sino que todo indica que agravaría las desigualdades que ya existen. Tampoco traería la eficiencia que promulga y hay partes tan mal hechas en lo disciplinario y sancionatorio que más bien harían más difícil sancionar a un jerarca corrupto”, dijo Villalta.

El Gobierno ha defendido que, en el mejor de los escenarios, la reforma aprobada supondría un ahorro de 400 mil millones anuales solo en remuneraciones, de ahí que el FMI o la OCDE hayan defendido la importancia de su aprobación.

Así quedó la votación de esta tarde: