Diputados aprueban proyecto para reducir costos de las importaciones
Medida busca mitigar el impacto de la crisis de contenedores en el país.
Los diputados aprobaron esta tarde en primer debate el proyecto que pretende reducir el costo de las importaciones para así mitigar el impacto de la crisis de contenedores que golpea al mundo.
La iniciativa, impulsada por el liberacionista Gustavo Viales, defiende una reducción de la base imponible para toda la carga que ingrese por las aduanas del país, tomando como referencia valores predeterminados según el país de procedencia y su tamaño.
La rebaja, que se extendería por un año a partir de la entrada en vigencia de la ley, permitirá entonces frenar el aumento sostenido en los fletes marítimos, que han reportado crecimientos de hasta un 1.000% en sus costes debido a la crisis.
El Congreso aprobó hoy un segundo texto sustitutivo al proyecto que incluyó dentro del ámbito de la futura ley ya no solo la carga contenerizada sino además la carga general, que según dijo Viales también se está viendo afectada por la crisis.
Este último punto fue ampliamente criticado por la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana y otros diputados como José María Villalta, que cuestionaron la inclusión a última hora de ese nuevo texto sustitutivo, pero también la apertura a esa rebaja para importaciones que no tienen nada que ver con los contenedores.
Laura Guido, jefa de fracción oficialista, cuestionó que ese cambio no fue consensuado y que esa rebaja general podría poner en desventaja al sector nacional y provocar una pérdida no contabilizada para la hacienda pública, además de que cambia la intención principal de la iniciativa que es precisamente atender la crisis de contenedores.
El también oficialista, Welmer Ramos, llevó al Plenario la queja que han hecho las cámaras de productores que aseguran que el proyecto necesita ser calibrado para no afectar a la producción nacional, y que aunque defiende un objetivo loable, necesitaba cambios para, por ejemplo, enfocarse en una rebaja a la importación de materias primas y no de bienes terminados.
Ambas quejas fueron, sin embargo, desoídas por una mayoría del Plenario, que finalmente votó la iniciativa y la dejó a las puertas de un segundo debate que podría recibir esta misma semana.
Exclusiones
Este lunes también se aprobó en primer debate el expediente 22.672, que modifica la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para excluir de la regla fiscal el canon que la Terminal de Contenedores de Moín paga a Japdeva.
El cambio permitirá la ejecución de los recursos de ese canon destinados a proyectos de desarrollo en la región sin ninguna limitación, esto en el marco de la urgencia y necesidad social imperante en Limón.
La excepción a ese límite en el gasto se justificó debido a los índices extremos de rezago que la provincia caribeña presenta en diferentes indicadores de desarrollo humano.
Esta tarde también se aprobó el expediente 21.987, que reforma la Ley General sobre el VIH para reincorporar infracciones y sanciones de tipo penal, contravenciones y sanciones administrativas asociadas con conductas que van desde la actuación dolosa y culposa del trabajador de la Salud, hasta actos de discriminación en contra de las personas infectadas por el virus, solicitudes ilegales de pruebas e incumplimiento de las medidas universales de bioseguridad.
También se votó en primer debate la iniciativa 22.860, que permite el uso del superávit del Instituto Nacional de las Mujeres para el financiamiento de los servicios de atención a la violencia contra las mujeres del Centro Operativo de Atención de la Violencia contra las Mujeres.
Finalmente, en el trámite de segundo debate se aprobó la reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura para eliminar los límites que actualmente existen en las escalas de la pesca artesanal y comercial y que ponen un máximo a la distancia en que las embarcaciones pueden operar.
Además, se aprobó el expediente 21.090, que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para Garantizar el Financiamiento de las Secciones Especializadas en Atención de Personas Usuarias de Pueblos Indígenas, Pensiones Alimentarias, Laboral, Familia y Agrario.