Diputados agilizan uso del silencio positivo para trámites y permisos

Los diputados aprobaron esta tarde en segundo y definitivo debate el expediente 22.333, que busca proteger al ciudadano del exceso de trámites y requisitos en la administración pública.

La iniciativa reforma seis artículos de la vigente ley y agrega otros seis nuevos para llenar los vacíos legales existentes y permitir así que se reduzcan la cantidad de trámites y el tiempo de espera de los ciudadanos.

Entre otras, el proyecto aprobado permite la aplicación plena y más ágil del llamado silencio positivo, que establece que si el ciudadano cumple con todos los requisitos de una gestión y no recibe respuesta a su solicitud en el tiempo establecido, dicho trámite se dará por aprobado.

Para esa posibilidad, que ya existe, se reduce su plazo de respuesta en favor del usuario.

Los cambios aprobados también establecen el fortalecimiento del Catálogo Nacional de Tramites, que actualmente está regulado vía decreto, pero al que ahora se le daría rango legal como un instrumento para transparentar y centralizar los trámites requeridos por las instituciones públicas.

Se incorpora además la posibilidad del uso de la declaración jurada o cualquier otro mecanismo como instrumentos de control documental previo a fin de agilizar y reducir trámites.

También se dispone que, a partir de la aprobación de la ley, todo trámite o requisito deberá constar en una ley, decreto ejecutivo, reglamento o disposiciones administrativas como resoluciones generales; además, deberá estar publicado en el Diario Oficial La Gaceta y en el Catálogo Nacional de Trámites.

“El proceso de simplificación de trámites y mejora del marco regulatoria, constituye a todas luces una prioridad nacional, si deseamos vencer la corrupción, lograr un Estado eficiente, promover la competitividad de nuestras empresas. Esta propuesta de ley representa un esfuerzo adicional para eliminar los trámites innecesarios y ofrecer servicio de altura, a la altura de la exigencia y de la dignidad de los costarricenses”, aseguró Silvia Hernández, proponente de la iniciativa.

En la defensa del proyecto, la liberacionista aseguró que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (OCDE), para abrir una nueva empresa en Costa Rica se requieren en promedio al menos, 23 días, la mayoría de los cuales corresponden a la emisión de una patente municipal, que demora 15 días y puede costar hasta ₡100 mil dependiendo del tipo de actividad, cantidad de empleados o ubicación.

Este jueves también se aprobó con 41 votos el Expediente 22.010, que rectifica los límites entre los cantones de Guácimo y Pococí en favor de las comunidades de Línea Vieja, Coopemalanga, San Gerardo, la Aurora, la Morenita, los Palmares, Caño Sirena, Finca Thames, Finca Lomas, Milla Cuatro, Jalova, Lomas de Sierpe y el Zancudo.

Además se discutieron ocho mociones de reiteración al proyecto de cáñamo y cannabis medicinal, que se espera se vote en primer debate la próxima semana.