Diputada propone castigar con cárcel a quien difunda o comparta contenido racista

La diputada de Liberación Nacional, Katherine Moreira Brown, presentó este miércoles un proyecto de ley que castigaría con hasta dos años de cárcel a quien comparta o difunda contenido de carácter racista.

La propuesta, denominada “Ley para la eliminación de la discriminación y la penalización de todas las formas de violencia étnico-racial”, se justifica, según la legisladora, en los reiterados incumplimientos que, como país, Costa Rica ha tenido -y tiene- en materia de protección de los derechos de ciudadanos de grupos étnicos tradicionalmente vulnerados por prejuicios raciales.

“Con este proyecto de ley se buscaría sentar las bases para la eliminación de las formas de discriminación, asimismo, de la vigilancia, promoción y protección de los derechos humanos de estas poblaciones discriminadas”, reza la justificación.

El proyecto incluye, entre otros, una reforma al Código Penal para modificar el artículo 380 e incluir penas de cárcel en tres supuestos.

El primero impone penas de entre seis meses y dos años de prisión para “la persona, el gerente o director de una institución oficial o privada, administrador de un establecimiento industrial o comercial” que aplique cualquier medida discriminatoria por motivos raciales.

La segunda castigará con una pena idéntica la difusión de cualquier material discriminatorio de carácter racial por cualquier medio y de cualquier tipo, que pueda promover o alentar “estereotipos, prejuicios o sesgos que inciten a otras personas a rechazar, desprestigiar, odiar, discriminar o cometer actos de violencia o a otra acción que constituya un hecho ilícito contra una persona o un grupo de personas por motivos étnico-raciales”.

La pena aumentará hasta los tres años para quien, reproduciendo esas expresiones, manifieste su apoyo al uso de la violencia, el odio o la discriminación.

Finalmente, también se castigará con cárcel a quien forme o pertenezca “a una organización que se inspire en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o busque promover los discursos de odio y la discriminación basada en motivos étnico-raciales”.

Adicionalmente, el proyecto obliga al Ministerio de Justicia y Paz a revisar la normativa y políticas gubernamentales con el fin de eliminar la discriminación étnico-racial y que se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos; además, establece como nuevas causales de despido o renuncia justificados la discriminación étnico-racial.  

El proyecto se tramitará bajo el expediente 23.674.