Créditos de entidades públicas no llegan a quienes más los necesitan, advierte Contraloría
El ente contralor detectó que 10 personas acumulan 684 préstamos por ₡6.434 millones, todos otorgados en el 2024.
La falta de una regulación y supervisión financiera eficientes alejan a las personas más necesitadas de los créditos de entidades públicas.
Así lo revela un reciente informe de auditoría presentado por la Contraloría General de la República, que evaluó a 17 entidades que ofrecen préstamos de desarrollo a ciudadanos y Mipymes.
El análisis evidencia una “profunda desigualdad” entre quienes acceden a estos créditos y que los recursos no llegan con prioridad a quienes más los necesitan.
Por ejemplo, se detectó que de los préstamos otorgados entre 2024 y 2025, el 10% de los beneficiarios con mayores ingresos concentraban 19,6% del monto total de los créditos.
El estudio precisa que de las operaciones concretadas el año anterior, ₡6.434 millones se fueron a manos de solo 10 deudores, que concentraron 684 préstamos.
“Como consecuencia natural de la falta de rigurosidad en la selección de beneficiarios, el sistema se enfrenta a profundos riesgos financieros, evidenciados en una morosidad promedio que supera el 12% de la cartera.
“Lo anterior ha implicado la necesidad de promover condonaciones recurrentes de deudas, donde el caso más reciente es la condonación de ₡297,96 millones por parte de Judesur; a pesar de ello, al mes de mayo de 2025 más de la mitad de su cartera de crédito (56,86%) se encuentra morosa, cabe entonces plantearse qué tan elevado sería este indicador de no haberse aprobado la condonación”, cuestiona el informe.
El análisis incluyó a entidades como Conape, INVU, IFAM, fondos especiales del Banco Popular y Judesur, entre otras.
Dentro de sus recomendaciones, la Contraloría propone la creación de un sistema único de información crediticia que centralice la información sobre beneficiarios para permitir optimizar la asignación de recursos, identificar y evitar duplicidades y prevenir filtraciones.
Asimismo, se sugieren reformas legislativas, simplificación de trámites y la implementación de lineamientos de gobierno corporativo en las entidades evaluadas para promover la igualdad en la asignación de recursos y la fiscalización de los mismos.
Puede leer el informe completo aquí.
