Contraloría señala riesgos de deuda del Gobierno con la CCSS
Marta Acosta señaló que los riesgos sobre la sostenibilidad financiera de la Caja persisten y que la incertidumbre sobre esa deuda solo agrava esa situación.
La Contralora General de la República, Marta Acosta, advirtió ante los diputados que a pesar de un incremento en los ingresos y gastos de la Caja Costarricense de Seguro Social en el año anterior los riesgos sobre la sostenibilidad financiera de la institución persisten, y estos se agravan ante la incertidumbre por la deuda que el Gobierno mantiene con esta.
Acosta dijo a los diputados de la comisión que investiga la situación de la Caja que hoy no existe certeza sobre cuánto es realmente el monto que el Ejecutivo debe a la institución, pues los cálculos de uno y otro difieren.
Los números de la Caja hablan de una cifra cercana a los ₡2.2 billones, mientras que el Ministerio de Hacienda, según la Contraloría, ha reconocido poco menos de ₡200 mil millones, dejando más del 90% fuera del cálculo.
Eso supone una presión excesiva en la estabilidad del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), los dos principales componentes en el presupuesto de la institución.
A esto se suma que el Gobierno ha disminuido las transferencias corrientes a la Caja, aumentando esa deuda, pero además provocando un decrecimiento general de ingresos de 34.2% en el primer cuatrimestre de este año.
Si esa tendencia se mantiene, la institución podría no cubrir sus gastos corrientes para finales de año.
Acosta señaló que la precaria economía nacional, la creciente informalidad, el desempleo y el déficit fiscal son factores de alto impacto en la situación financiera de la CCSS, lo mismo que el aumento de pacientes y pensionados, la baja en los índices de natalidad y la propia pandemia del COVID-19.
Por esto, según la Contralora, es necesario gestar un ataque frontal de la evasión y la morosidad, aumentar las coberturas para reducir la informalidad y contener el gasto.
La contralora fue clara en que el cambio en el perfil epidemiológico de la población que hace que cada vez haya menos jóvenes para cubrir los gastos de un creciente número de adultos, supone un verdadero cambio de paradigma en el abordaje de la situación de la seguridad social en el país.