Contraloría se trae abajo siete contratos entre instituciones públicas y Sinart
Entre las faltas señaladas hay objetos contractuales indeterminados, falta de estudios de mercado o ausencia de un plan de medios. En total, hay 109 contratos en investigación.
La Contraloría General de la República ordenó este lunes a siete entidades públicas detener y finalizar las contrataciones firmadas con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
La noticia fue confirmada por la contralora Marta Acosta, precisamente ante los diputados que investigan los millonarios contratos en el Sinart.
Las instituciones señaladas son el Banco de Costa Rica; la Operadora de Pensiones del Banco Popular; el Instituto Nacional de Seguros (INS); el Sistema Banco para el Desarrollo; el Ministerio de Cultura y Juventud; la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
En el caso de los tres primeros, el ente contralor detectó que no se incluyeron “elementos esenciales” como la definición de las necesidades públicas que motivaron las contrataciones; es decir, para qué se contrató a la agencia de publicidad del Sinart y qué se obtendría a cambio del precio acordado.
Según Acosta, no solo no se determinó la necesidad pública, sino que además se omitió la realización de estudios de mercado que respaldaran esas contrataciones.
Con respecto a las restantes cuatro instituciones, en estos se detectó que el objeto contractual no tenía relación con la gestión institucional y que hubo ausencia de un plan de medios.
Todas estas contrataciones, además, se hicieron a partir de contrataciones realizadas por procedimientos de excepción.
“Pareciera que en las contrataciones del 2023 la excepción se comportó como una regla”, criticó Acosta.
De hecho, según la Contraloría, de los 38 contratos firmados por el Sinart con diferentes entes públicos, solo siete se hicieron por procedimiento ordinario.
Estos siete contratos frenados eran los únicos del 2023 que no estaban en ejecución, por lo que no se descarta que los restantes también tengan algún incumplimiento de ley.
Por ello, según dijo Acosta, hay 109 contrataciones en análisis por contratos del Sinart con entes de derecho público.
Otro dato relevante aportado por la contralora hoy, es que detectó dentro de los gastos no ejecutados del Sinart en el tercer presupuesto extraordinario una partida de ₡517 millones no incluida.
“De esto se desprende que se ejecutó dicho recurso sin la aprobación de la Contraloría, situación por la cual se ha iniciado una investigación de oficio”, añadió.
La Contraloría improbó parcialmente el primer presupuesto extraordinario del Sinart de este año y por completo el segundo y tercero. En todos se detectaron problemas de plurianualidad.
En los rechazados, además, Acosta señaló incrementos solicitados por 61% con respecto al presupuesto inicial, un incremento que dijo no haber visto nunca en sus 11 años como contralora.
Los diputados de la comisión especial precisamente investigan los millonarios contratos que el Sinart y su agencia de publicidad han firmado por instituciones públicas, particularmente el ICE y la Junta de Protección Social.
En ambos, los legisladores han señalado presiones del Poder Ejecutivo y del presidente Rodrigo Chaves por llevar adelante esos contratos en detrimento de otros con medios de comunicación críticos de la gestión del mandatario.
Repase aquí la comparecencia completa: