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La Contraloría General de la República es incapaz de atender todas las advertencias que el Laboratorio de Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) presenta.

Así lo admitió este jueves ante los diputados que investigan el caso “Cochinilla” la propia contralora Marta Acosta.

Según la funcionaria, la entidad no tiene capacidad material para atender la gran cantidad de informes que el laboratorio presenta en proyectos de obra pública. Puso como ejemplo que desde 2019 a la fecha se han presentado más de 400 informes.

“Poner a la Contraloría de árbitro en esos temas tan técnicos para nosotros es imposible, porque no tenemos ni la capacidad ni los equipos para verificar eso, no tenemos el personal”, dijo Acosta.

Precisamente le frenteamplista José María Villalta cuestionó la gran lista de advertencias que el Lanamme denunció haber hecho sobre diferentes obras que originaron el escándalo de “Cochinilla”.

Acosta reconoció que la Contraloría tiene una responsabilidad en esa materia de fiscalización pero que no puede hacerlo en todos los frentes, aunque sí aceptó que hay una investigación en curso para las Garantías Sociales.

Añadió, en ese punto, que es necesario crear un laboratorio nacional que tenga a su cargo la fiscalización de las obras y que realizará una auditoría para las auditorías internas del MOPT y Conavi precisamente a raíz del caso.

Ese proceso tardará, al menos, cuatro meses y se iniciará el 16 de setiembre.

“Vamos a procurar tener algún informe parcial para ustedes antes”, dijo.

Responsabilidades

Villalta también cuestionó si la Contraloría puede obligar a los contratistas a arreglar lo que hicieron mal o devolver el dinero pagado por obras inconclusas o mal hechas.

“No sé, el asunto es que para eso se necesitan pruebas. No es tan sencillo como abrir la investigación y pedir la plata, toma mucho tiempo”, aceptó Acosta.

Acosta sí reconoció que el control interno es una responsabilidad de la administración activa y sus jerarcas pero admitió que el Conavi no está funcionando como dice la ley.

“No está cumpliendo con lo que dice la ley”, aseguró.

Los diputados también cuestionaron lo engorroso que es el proceso de denuncia ante el ente contralor y cómo el año pasado, por ejemplo, de las 854 denuncias presentadas ante el ente 807 no fueron ni siquiera admitidas.

“Sabemos que es alto y que podíamos hacer un esfuerzo adicional por educar al denunciante para que la presente mejor, pero aunque no se admitan muchas de esas denuncias despiertan alertas que sí son investigadas”, finalizó.