Por Juan José Herrera |6 de julio de 2022, 14:40 PM

La Contraloría General de la República presentó este martes ante el Tribunal Contencioso Administrativo, una medida cautelar para suspender la aplicación del decreto ejecutivo que el presidente Rodrigo Chaves firmó hace dos semanas para flexibilizar la aplicación de la regla fiscal.

El ente contralor advirtió que esa decisión, que el mandatario defendió como de “sentido común", autorizaría al Gobierno a aumentar sus gastos en hasta ₡230 mil millones durante este 2022, incumpliendo así con el límite al gasto establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El decreto, además, imposibilitaría a 24 instituciones públicas descentralizadas a aprobar presupuestos extraordinarios durante lo que resta del año y tendría “un impacto negativo en el déficit fiscal, el endeudamiento del Gobierno y en la ruta de alcanzar la sostenibilidad financiera y disciplina fiscal que requiere la delicada situación de las finanzas públicas del país”.

“Todo lo anterior impacta negativamente el interés general de procurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y gestionar la crisis fiscal, el endeudamiento y el nivel de gasto público; lo que en otras palabras, significa que se incrementará gradualmente la afectación de los servicios a la población”, insistió la Contraloría.

Chaves ya había dicho la semana anterior que respetaba pero no compartía la posición de la contralora Marta Acosta en este punto y que seguiría adelante con esa gestión que ya había defendido, sin éxito, durante su breve paso por el Ministerio de Hacienda.

La intención del decreto es modificar la forma en que se realiza la verificación de la regla fiscal, que actualmente se realiza mediante la comparación, año contra año, de los montos ejecutados.

Chaves defiende que ese análisis se debe hacer sobre lo presupuestado, eliminando así la variable de la subejecución, lo que entonces permitiría aumentar el margen de gasto.

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