Contraloría desnuda serios desórdenes y debilidades en funcionamiento del CNP
Sobreprecios, falta de información y planificación, así como pérdidas financieras y de patrimonio son parte de los señalamientos que hizo esta tarde el ente contralor.
La Contraloría General de la República denunció este jueves por la tarde serios desórdenes y debilidades en el funcionamiento del Consejo Nacional de Producción (CNP) y su Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).
En una amplia comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, la contralora Marta Acosta aseguró que el PAI no logró probar la razonabilidad de sus costos operativos, que son un apartado crucial en la definición de su margen de operación y por lo tanto del precio con el que el CNP vende los productos al Ministerio de Educación y otras instituciones del Estado.
“No fue posible determinar la razonabilidad en el establecimiento de precio al consumidor y conocer si se vende a precio competitivo, pues no se dispone de información sobre los costos de transporte del producto o el impacto de la cadena de comercialización en la fijación de precios”, aseveró.
Acosta señaló además que el Consejo desconoce cuáles son los productores que beneficia con el PAI, porque en muchos casos negocia con proveedores que hacen de intermediarios, malogrando así parte del espíritu con el cual se le otorgó esa exclusividad para vender al Estado.
También que de 2018 a 2020 se presentaron atrasos en el pago a proveedores en el 92% de las facturas, con un descalce de hasta 40 días entre el cobro a la Junta de Educación y el pago a los suplidores.
Más problemas
Acosta aseguró que el precio de compra de los abarrotes por parte del PAI se fija con cotizaciones de los proveedores y sin que exista ningún otro parámetro o comparación.
En 2019 la Contraloría encontró diferencias de hasta 59% en el precio de los productos del CNP contra los costos en las zonas, esto en una muestra realizada a 69 centros educativos.
El ente contralor realizó además la fiscalización de los contratos firmados con el CNP para el abastecimiento de centros educativos y la Comisión Nacional de Emergencias en el marco de la pandemia del COVID-19.
En el caso del primero encontró que en el 36% de las entregas fiscalizadas al MEP no se pudo verificar que los paquetes de alimentación llegaran a los beneficiarios correspondientes; mientras que en el caso del CNE (que apoyó a familias) ni siquiera se consignó la institución destinataria de los bienes.
La Contraloría puso como ejemplo el cartel de contratación para la compra de 10 mil diarios por parte de la CNE.
En este, en condiciones idénticas, la Comisión adjudicó una oferta de un diario por ₡66 mil, mientras que otro proveedor ofreció el mismo paquete por casi ₡94 mil. Sin embargo, el CNP-PAI cotizó, por ese mismo diario, poco más de ₡120 mil.
“Las diferencias de casi el doble en los precios de las cotizaciones entre el CNP y otros proveedores privados hacia la CNE, por los mismos productos requeridos para la atención de la emergencia, muestran la poca competitividad en cuanto a precios que ofrece el Consejo, lo que obliga a esa entidad a revisar los mecanismos y criterios que utiliza para fijar los precios de sus productos hacia valores más cercanos a los precios de mercado”, dijo Acosta.
Crisis
Finalmente la Contralora también denunció que entre 2016 y 2019 el CNP perdió 90% de su patrimonio, pasando de ₡29.777 millones a ₡2.940 millones, esto motivado principalmente por el aumento de cuentas por pagar a largo plazo por la deuda de la FANAL, lo que aumentó los pasivos de largo paso.
Añadió también que entre 2017 y 2019 el Consejo arrojó pérdidas sostenidas en sus utilidades al cierre del año, esto debido a arreglos de pago, gastos no deducibles y ajustes de periodos anteriores.
“No se pudieron actualizar estos datos a 2020 porque a esta fecha el CNP no ha publicado sus estados financieros de ese año (…) En este 2021 la Contraloría emitió una opinión negativa como resultado de la auditoría financiera a diciembre de 2020”, dijo Acosta.
Con esa realidad expuesta, los diputados cuestionaron una vez más a la Contralora si recomienda el cierre del CNP.
“Es necesario tomar decisiones de carácter estructural, definir estratégicamente no solo sobre el CNP sino sobre otras instituciones sobre cuál es la visión del país en estos temas y sectores, hacia dónde vamos, y a partir de ahí decidir si las instituciones pueden continuar, si se deben reforzar o si se deben cerrar.
“Lo que sí es definitivo es que hay revisar con el CNP si se debe reformar o qué”, finalizó.