Contraloría: Colegiatura voluntaria "es insuficiente" para fiscalización de fondos públicos

El modelo de colegiatura voluntaria propuesto por la diputada Marta Esquivel resulta "insuficiente" para las funciones de controles, rendición de cuentas y aseguramiento de recursos e información pública, a criterio de la Contraloría General de la República (CGR).

La posición del órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa está contenida en el informe DFOE-GOB-0446, emitido el jueves por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa en el marco del expediente 25.747.

El documento —del que Teletica tiene copia— hace ver que el proyecto de ley plantea una reforma a un mecanismo que se utiliza actualmente para habilitación y supervisión de diferentes profesiones, incluidas algunas que intervienen en los procesos del sistema de control interno y la Hacienda Pública.

"Su incidencia adquiere especial relevancia cuando alcanza actividades o funciones profesionales cuyos productos sirven para sustentar decisiones, controles, procesos de rendición de cuentas o mecanismos de aseguramiento sobre recursos e información pública. En esos ámbitos, el modelo de colegiatura voluntaria planteado en el proyecto es insuficiente, se requiere considerar conjuntamente la habilitación profesional y las salvaguardas de competencia técnica, independencia, ética, calidad, responsabilidad y supervisión que resulten justificadas por los riesgos y efectos de la actividad", concluye el informe.

El ente fiscalizador apunta la necesidad de asegurar una "articulación clara" de los artículos 4 y 7 de la iniciativa, que establecen una prohibición absoluta de exigir requisitos adicionales para puestos tanto públicos como privados (con excepciones) y la eliminación de la supervisión por parte de los colegios profesionales; con el numeral 5, que permite requisitos especiales.

"La modificación del régimen de colegiatura puede adoptar distintos mecanismos regulatorios, pero debería preservar con claridad aquellas salvaguardas especiales que resulten necesarias para actividades vinculadas con el control, aseguramiento y confiabilidad de información relevante para la Hacienda Pública, en congruencia además con un enfoque de regulación proporcional al riesgo, como el desarrollado en los análisis comparados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)", puntualiza el documento.

De igual forma, se menciona que la creación del Registro Nacional de Profesionales incorpora una nueva función pública de alcance general cuya implementación tendrá requerimientos tecnológicos, operativos y financieros permanentes.

Pero el planteamiento no garantiza nuevos recursos para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que es en el que se habilitaría el registro en la eventualidad de que el proyecto sea aprobado por el Congreso.

Respalda tesis

A criterio del presidente del Colegio de Contadores Públicos, Francisco Ovares, el criterio de la Contraloría concuerda con la posición que su institución ha mantenido desde que trascendió el proyecto de la legisladora del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel.

El vocero reiteró su rechazo a la iniciativa e insistió en que se mantendrá "en pie de lucha" para que la misma "no pase".

"No es posible que le quite opciones de todo lo que son procesos de fiscalización a profesionales del área de la Contaduría Pública que tienen fe pública y que inciden en la economía de nuestro país. Por supuesto tampoco es concordante que se le quite la beligerancia a todos los auditores y los subauditores, que la Contraloría también debe tener y debe controlar", enfatizó el Ovares.

El otro punto en el que hizo hincapié el presidente del Colegio de Contadores Públicos es la ausencia de fuentes de financiamiento para el Registro Nacional de Profesionales.

La propuesta enfrenta críticas de al menos 17 colegios profesionales, pero también es adversada por la Corte Suprema de Justicia.