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Santiago Álvarez Ovares, asesor del presidente Carlos Alvarado, llegó a comparecer este miércoles a la comisión que investiga la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y, tras varias consultas de los diputados, se abstuvo de declarar.

Álvarez es investigado porque habría solicitado y recibido información sensible de los costarricenses al Ministerio de Seguridad Pública en 2019 y al Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) en 2018.

Sin embargo, al inicio de la comisión aseguró que nunca formó parte de la UPAD y reiteró, además, que es imprescindible el uso de datos para poner en marcha proyectos en cualquier empresa o entidad pública porque, según él, solo así es posible la utilización racional y eficiente de los recursos y sobre todo la justicia en la distribución de estos.

Acompañado de su abogada defensora, Gabriela Arias Godínez, fue enfático al asegurar que su labor administrativa en el despacho de la presidencia de la República es técnica y consiste en dar seguimiento a los proyectos e iniciativas sociales del Gobierno, con el único objetivo de buscar el bien común.

“La información solicitada en el marco de mis labores responde exclusivamente a objetivos de interés público y en ningún caso se trata de información sensible sino de información pública o despersonalizada; en los datos solicitados no se requiere conocer nombre, cédula, dirección, correo electrónico, ni teléfono de las personas”, dijo Álvarez.

También aseguró que, “en uno de los casos el objetivo era generar estrategias de empleabilidad para beneficiar a poblaciones vulnerables con mayores apoyos en capacitación y educación que reduzca la pobreza. Ese fue el objetivo público”.

Santiago Álvarez afirmó que este lunes 10 de agosto se formalizó una denuncia de carácter penal en su contra llegando a instancias judiciales, y, por esta razón, se acogió a su derecho de abstenerse a responder preguntas en la comisión que investiga la UPAD.

Álvarez Ovares es el enlace de Presidencia en temas de seguridad, sociales y deportivos, según lo indicó durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa.

Fue convocado este miércoles para que se refiera a las posibles violaciones por parte del Gobierno de la República al derecho de la intimidad de las personas, así como a los asuntos relacionados con el decreto ejecutivo número 41996-MP-Mideplan que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Comparecencia ministro de Seguridad​

Este miércoles también compareció el ministro de Seguridad, Michael Soto, quien afirmó que Álvarez le solicitó los datos en noviembre de 2019.

“Él me dijo que si le daba información de la base de datos de los aprehendidos por Fuerza Pública para un cruce de información que necesitaba realizar para políticas públicas, estos se le entregaron el 18 de diciembre de 2019”, señaló Soto.  

“Hace la solicitud verbal y yo pido a la jefa de Análisis que me ayude a brindársela y vía correo electrónico se le envía”, agrega.

La base de datos que se le envió es sobre informes policiales y actas de decomiso.  

“Cuando él me solicita la base de datos, tengo la certeza de lo que pide viene directamente del Presidente porque es el enlace con Seguridad desde hace tiempo, entre lo que requiere el ministerio y Presidencia. Él es nuestro enlace porque así lo dispuso Carlos Alvarado en Consejo de Gobierno”, indicó Michael Soto.  

El Ministro asegura que nunca conoció el tema UPAD, sino más bien fue por medio de la prensa.