Abogados tras declaraciones de Fernández: "No es aceptable proyectar sospechas generalizadas"

El Colegio de Abogados emitió la tarde de este jueves un pronunciamiento en el que rechazó las declaraciones de la presidenta Laura Fernández sobre su desconfianza en miembros de ese gremio, al fundamentar la necesidad de establecer un secreto de Estado sobre información operativa de seguridad nacional.

Un día después de las declaraciones de la mandataria, el colegio profesional circuló un comunicado en el que reprochó el uso de "sospechas generalizadas" sobre los juristas, al justificar la imposición de restricciones en el acceso a información pública, como ocurrió el lunes anterior con el decreto 45870-MSP.

Consultada sobre las críticas giradas contra la declaratoria de confidencialidad de toda la documentación relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), así como el grupo de trabajo denominado Fuerza Élite; la gobernante explicó que ella duda de entregar información a abogados y periodistas porque cree que estos la entregan a bandas criminales.

"El Colegio de Abogados rechaza toda manifestación que vincule, de manera generalizada, el ejercicio de la abogacía con actividades ilícitas o relacionadas con el crimen organizado, así como cualquier pretensión de convertir esa sospecha general en fundamento para restringir el acceso a información pública mediante declaratorias de secreto de Estado", indica el pronunciamiento.

Para el colegio profesional es inadmisible que en un Estado democrático de derecho se sustituya la prueba individual por la sospecha colectiva o "convertir el legítimo ejercicio profesional en motivo de descalificación generalizada".

La institución subrayó que la abogacía cumple una función esencial para la defensa de los derechos, el acceso a la justicia, la protección de las garantías fundamentales y el fortalecimiento de la democracia.

En línea con lo anterior, el Colegio de Abogados expresó su respaldo al ejercicio legítimo de la profesión cuando, en apego a sus responsabilidades, sus agremiados solicitan información, fiscalizan actuaciones públicas, defienden derechos o cuestionan decisiones susceptibles de control.

La comunicación además pide que, si existen pruebas de conductas ilícitas de juristas, se presenten a las autoridades competentes y se tramiten de la manera correspondiente.

Precisamente, ese llamado coincide con el hecho un día atrás por la presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (Colper), Yanancy Noguera, frente a las mismas declaraciones.

El Colegio de Abogados también expresó su "solidaridad y respaldo" con los comunicadores frente a las "generalizaciones" que afecten el ejercicio de su profesión y su función en una sociedad democrática.

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