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28 diputados aprobaron este jueves permitir nuevamente la pesca de arrastre de camarón en el país.

Tras una reñida discusión los legisladores votaron en segundo debate el cuestionado proyecto que levanta el veto constitucional que pesa contra esta práctica desde 2013.

La decisión contó con la férrea oposición de 18 legisladores que insistieron en el impacto que la decisión tendría en los ecosistemas marinos, la pesca artesanal y su escaso beneficio económico y social; mientras que la mayoría de la Asamblea defendió la gran necesidad económica de las poblaciones costeras como su principal argumento para apoyar la iniciativa.

El punto de quiebre en la discusión fue el aval que la propia Sala Constitucional le otorgó al proyecto luego de que en julio anterior resolviera que no presentaba ningún vicio jurídico o de procedimiento, aunque sí implica "una violación a los principios de progresividad y no regresividad en la protección ambiental".

Precisamente esa salvedad fue la que defendieron hasta el cansancio los opositores, en revivir una práctica que no dijeron no resolvió los problemas con la llamada fauna de acompañamiento o pesca accidental, ni evaluó el impacto en el suelo marino o en las comunidades que se dedican a la pesca tradicional.

“Los deficientes estudios para justificar la iniciativa ni siquiera contempla el impacto de la pesca de arrastre en la pesca artesanal o la actividad turística”, dijo la oficialista Paola Vega, principal opositora de la medida.

Vega aseguró que los estudios de Incopesca que avalaron la práctica y que sustentaron el fallo de la Sala fueron superficiales e inconclusos; además, cuestionó que el otorgamiento de las licencias de pesca será condicionado a otros estudios que no se han realizado y puede que nunca se aprueben.

“Se aprobó en segundo debate un proyecto que es un cascarón vacío. La Sala Constitucional indicó que es una ley de efecto condicionado, por lo que no habrá nuevas licencias para pesca de arrastre si no se realizan los estudios científicos apropiados", añadió.

En este último punto el puntarenense Melvin Núñez, impulsor y proponente del texto, insistió en que si bien el empleo no será inmediato (estimó las licencias en un año) el proyecto es necesario para saldar una deuda de años con los pescadores puntarenenses que se han visto seriamente afectados por la restricción.

Nuñez, representante de Restauración Nacional, defendió una vez más que los cuestionamientos a la viabilidad de la práctica responden al antiguo modelo de pesca y no al actual, que utiliza esclusas para que peces de mayor tamaño puedan escapar de las redes.

Insistió, además, que las especies marinas que queden atrapadas en las redes son aprovechadas para hacer harinas que consumen gatos, perros y seres humanos.

“Me siento muy orgulloso de la labor realizada por los compañeros y compañeras que confiaron en este proyecto de ley; el cual trae consigo un sello de compromiso con la reactivación económica de las costas y un modelo de pesca sostenible ambientalmente en el tiempo. Le pido a los costarricenses leer el proyecto de ley y no comer cuento de lo que puedan decir las ONG ambientalistas el cual ni se va a realizar en las costas, no se va a realizar en los corales, no se va a realizar en áreas protegidas ni en desembocaduras de los ríos”, dijo el diputado.

Los cálculos de Núñez es que el proyecto daría empleo a unas 3 mil personas, pero esa cifra deberá ser avalada por primero por estudios de biomasa que determinen la población y madurez de especies de camarón en las diferentes costas.