Por Mariela Montero Salazar |8 de marzo de 2022, 6:00 AM

Aun cuando hace 25 años una ley dio vida al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y le ordenó ser el ente rector en la promoción y vigilancia de los derechos de la mujer en Costa Rica, actualmente, en la práctica, su rol es insuficiente para cumplir con esa misión.

El principal problema, dice la sociología de Género y directora del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Monserrat Sagot, es que el INAMU es una institución débil, que no cuenta con el apoyo necesario de la institucionalidad.

Según Sagot, aun cuando el INAMU surgió como una respuesta a la lucha histórica de las mujeres; una vez creada se convirtió en una institución de segunda categoría. "Al igual que las mujeres tenemos en la sociedad en muchos campos un papel secundario, el INAMU no tiene el mismo peso que otras. Tuvieron incluso que crear la figura de Ministra sin cartera, para que la persona que ocupe la presidencia del INAMU pueda sentarse en el Consejo de Gobierno".

“El INAMU es en realidad la institución rectora. Eso significa que todas las otras instituciones del Estado tendrían que disponer de recursos para mejorar la situación de las mujeres. No estamos hablando de un grupo especial, somos el 50% de la población. Se le han dejado al INAMU una serie de tareas que son importantes, pero que de alguna forma con eso se quitan la responsabilidad las otras instituciones.”

En esa línea reconoce que, por ejemplo, si existe un problema de desempleo, entonces desde el Ministerio de Trabajo se debería atender; lo mismo que con temas de salud desde la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o acceso al crédito desde la banca. “Necesitamos una respuesta global, interinstitucional y no únicamente una institución que es el INAMU que se encarga nada más de ser la institución rectora”.

Es decir, necesitamos un cambio general  y una institución débil dentro del esquema institucional público como el INAMU no puede responder a eso. Se necesita un compromiso mayor, más allá de decir, ya tenemos una institución y una Ministra sin cartera, que es muy simbólico en el caso del INAMU; es decir, se necesita una respuesta global de parte de toda la institucionalidad pública" recalca la experta.

Basta con repasar algunas cifras para entender los vacíos y dimensionar lo que apunta Sagot. Solo en 2021, 15 mujeres fueron víctimas de femicidio y más de 4.000 fueron atendidas en servicios de salud pública por hechos de violencia. Mientras que 2022 inició con una alerta sobre casos de delitos sexuales contra mujeres turistas en el Caribe Sur del país.

Al respecto, la ministra de Condición de la Mujer y presidente Ejecutiva del INAMU, Marcela Guerrero, reconoce que aun cuando hay retos hay temas puntales donde se están tomando acciones.

“Creo que efectivamente, como se ha señalado, hay retos, omisiones y hay responsabilidades no solamente del Estado a través de sus instituciones. Un ejemplo es que a pesar de que el Protocolo de las 72 horas tiene más de 10 años de aplicarse en el país, siguen habiendo una serie desarticulación” explicó la jerarca.

La jerarca además reconoció que la situación de violencia contra las mujeres en el Caribe Sur no es nueva y que no se limita al tema de las turistas, y dijo que tras el incremento de las denuncias han llevado a cabo una serie de visitas y coordinaciones interinstitucionales que derivaron en un compromiso por parte de esa entidad de establecer personal de apoyo en la región afectada para atender las carencias en la zona.

“El INAMU está actuando en el marco de la prevención y atención de la violencia que incluye a 22 instituciones. No es solamente agresiones sexuales contra extranjeras, sino violencia intrafamiliar y violencia sexual contra las mujeres de esa zona. La primera medida que tomamos fue destacar los esfuerzos para que funcionarias nuestras puedan trabajar en la zona", explicó la ministra Guerrero.

Otra acción que realizó el INAMU fue solicitar la aprobación del proyecto 62.860 para que la atención de la violencia sea declarada como un servicio esencial para que se aborde de forma prioritaria y se asignen los recursos económicos y humanos para enfrentarla.

Sin embargo, Sagot va más allá y advierte que los casos de estas turistas que han denunciado en el Caribe son solo la punta del iceberg: “Costa Rica es un país donde la violencia sexual es algo cotidiano. Hay mujeres que la sufren de manera cotidiana en las calles y en sus familias".

Cambios urgentes

"Necesitamos una transformación institucional, cultural, económica y los resultados de todos estos procesos no se van a ver fácilmente, pero sí habrá un cambio al menos en el corto plazo donde veremos una mejoría", señala Sagot.

En esa línea, la ministra de Condición de la mujer reconoce que es necesario avanzar en una atención más regional. 

"En el Caribe Sur, por ejemplo,  pero me parece que es replicable en otras zonas. Por eso, estamos articulando de manera permanente para que el convenio que existe entre la CCSS y la Secretaria de Género del Poder Judicial (en la aplicación del Protocolo de las 72 horas) se aplique no solo en hospitales, sino en otros sitios, como clínicas", puntualizó Guerrero.

La ministra además reconoce la necesidad de contar con más recursos. "Recibimos una demanda de 12 mil millones, y anualmente el presupuesto del INAMU es de 400 millones, una cantidad que es insuficiente".

Finalmente, Sagot es clara en que esta transformación requiere de tiempo y de que la aplicación de estas políticas se prolonguen más allá de una sola administración. “Lo que yo estoy planteando es que el INAMU funcione como rector, que es lo que tiene que hacer, pero que todas las instituciones y ministerios apliquen políticas específicas para atender estas históricas discriminaciones” concluyó.

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