Por Valeria Martínez 18 de noviembre de 2026, 17:02 PM

El Ministerio de Educación Pública (MEP) no negoció oportunamente con los sindicatos cuáles servicios debían mantenerse en escuelas y colegios durante la huelga de educadores del pasado 11 de noviembre, pese a conocer la convocatoria con nueve días de antelación.

Así lo determinó el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José en una sentencia del 17 de noviembre, en la que rechazó una solicitud del Estado para establecer ese plan de servicios básicos durante la protesta.

El Código de Trabajo establece que, durante las huelgas, los centros educativos deben permanecer abiertos y garantizar condiciones de aseo, seguridad y atención en educación especial.

Para cumplir con esas disposiciones, el Ministerio y las organizaciones sindicales deben acordar un plan que permita mantener esos servicios. Si no llegan a un entendimiento, cualquiera de las partes puede acudir a los tribunales.

Sin embargo, el juzgado determinó que tanto el MEP como los sindicatos incumplieron con esa obligación de alcanzar un acuerdo. Incluso, señaló que el Ministerio pudo convocar a las organizaciones desde el 2 de noviembre, pero no lo hizo.

"Ni siquiera enviaron una solicitud de diálogo para tratar el tema", señala la sentencia.

MEP acudió tarde a los tribunales

Según la resolución, el 6 de noviembre el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que acudiera a los tribunales para establecer el plan de servicios básicos.

La Procuraduría presentó la gestión la tarde del 9 de noviembre, menos de dos días antes de la huelga.

El juez explicó que debía conceder 24 horas a los sindicatos para pronunciarse y disponía de tres días para resolver. Por esa razón, resultaba imposible emitir una resolución antes de la protesta.

Durante la jornada de huelga, el MEP reportó 36.994 ausencias de funcionarios, con corte a las 11 a. m.

Además, informó de afectaciones en 175 comedores escolares y en la atención de 438 estudiantes con discapacidad.

Este miércoles, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) calificó de inaceptable la actuación del Ministerio y cuestionó su falta de voluntad para negociar.

"La Administración no puede limitarse a exigir obligaciones a las organizaciones sindicales; también debe asumir su responsabilidad patronal y propiciar oportunamente los espacios de negociación", manifestó el sindicato.

MEP defiende su actuación y descarta apelar

Ante la resolución, el MEP aseguró que el juzgado reconoció que el Estado actuó de buena fe al solicitar, por medio de la Procuraduría, la fijación de un plan para garantizar los servicios básicos durante la huelga.

El Ministerio indicó que la gestión buscaba establecer ese plan ante la falta de un acuerdo con los sindicatos.

También destacó que la sentencia rechazó los argumentos sindicales que pretendían excluir la aplicación de las disposiciones sobre servicios básicos por tratarse de una protesta contra políticas públicas.

No obstante, el juzgado rechazó la solicitud concreta porque consideró necesario un acercamiento previo entre las partes y porque, al momento de dictar la sentencia, la jornada para la cual se pidió el plan ya había concluido.

El MEP confirmó que no apelará la resolución, debido a que la huelga ya finalizó. Sin embargo, aclaró que el fallo no declara legal la protesta ni resuelve la solicitud del Estado para que se declare ilegal. Ese análisis corresponde a otro proceso judicial.

El Ministerio indicó que se mantiene a la espera de que el juzgado se pronuncie sobre esa gestión.

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