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La Corte Plena decidió, este lunes por la tarde, pedirle al Ministerio Público que investigue si la exfiscala general, Emilia Navas, incurrió en algún delito al presentar su informe de labores, el cual, según la autoría judicial, presentaba deficiencias.

Los magistrados también acordaron enviar el reporte que hizo dicha autoría a la Contraloría General de la República, debido a que  el informe de Navas no cumple con requisitos exigidos por la normativa que ha señalado el ente contralor.

De la misma manera, la Corte le dijo a la autoría que realice un nuevo análisis para determinar sí con este informe de Navas se ha provocado un daño al Poder Judicial.

La figura de Emilia Navas ha tenido un mayor protagonismo mediático tras acogerse, a finales del mes pasado, a su jubilación. Ella fue blanco de serios cuestionamientos, principalmente, por la relación que existe con Francisco Campos, su exesposo y a la vez abogado defensor en varios casos en los que Navas se ha inhibido.

Informe criticado

Antes de dejar su cargo, la exfiscala presentó un informe de labores que fue criticado por los magistrados, los cuales lo enviaron para que la autoría realizara un reporte.

En ese momento, los cuestionamientos apuntaban a que el informe de Navas no tenía la profundidad ni las formalidades necesarias.

El  análisis solicitado a la auditoría fue conocido este lunes, y según trascendió durante la transmisión de la sesión, señalaba deficiencias, principalmente de forma. Los magistrados optaron por enviarlo a dos órganos: uno de ellos es la Contraloría y el otro es al Ministerio Público.

Esto ocurre menos de una semana después de que también aparecieran cuestionamientos acerca de la forma en como la fiscalía solicitó las intervenciones telefónicas en el caso Cochinilla, ya que se señala que la jefa del Ministerio Público tenía que firmar la gestión para dichas intervenciones pero no lo hizo en por lo menos tres ocasiones distintas,  y en su lugar lo realizó un fiscal subrogante.

Esto, según la defensa de los investigados, provoca un daño irreversible a la prueba aportada.

Al respecto, el Ministerio Público ha defendido la tesis de que las pruebas son válidas.​