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En diferentes puntos del país hay proyectos de vivienda de bien social como Juan Rafael Mora en Alajuelita, Las Brisas Dos en Dulce Nombre de Tres Ríos y Lajas en San Antonio de Escazú así como Valladolit en Parrita en los que el directivo del Banhvi Óscar Saborío parece tener algún conflicto de interés.

Esto porque en el estudio de unas cuarenta actas, cuando se discutieron y aprobaron temas relativos a estos proyectos, él se ausento y salió de la sesión de junta directiva.

Lo más curioso es que en el acta no se indica la causa por la cual el directivo sale de la sesión al momento del conocimiento de estos proyectos, y únicamente se registra su retiro y no hay justificación.

Como se menciona, el directivo Saborío fue propuesto por la Cámara de la Construcción en una de las dos plazas que le corresponde al sector privado, según la ley del Banhvi.

Se consultó con el director ejecutivo de la Cámara, Rándall Murillo, sobre la posible incompatibilidad y el conflicto de intereses de su representante en la junta directiva del Banhvi.

Murillo aseguró que es el Poder Ejecutivo el que debe velar porque los nombramientos se ajusten a la ley.

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Sin embargo, habló de la forma en la que ellos definen o interpretan el conflicto de intereses en este tipo de nombramientos.

Precisamente en esa condición que menciona el director de la cámara esta su representante, pues siendo directivo del Banhvi está involucrado en empresas que a su vez vendieron materiales para un proyecto de vivienda financiado por el Banhvi o que también ofertan en el sector público.

Saborío, además, forma parte de la junta directiva del Colegio de Ingenieros y Arquitectos; ahí él es director y, según la normativa del artículo 18 de la Ley Anticorrupción, no puede estar en esos dos puestos, o sea en varias juntas directivas que están vinculadas al sector vivienda o construcción.

La Ley del Sistema Financiero de la Vivienda indica en el artículo 16 inciso B que no podrán ser directivos del Banhvi miembros de juntas directivas de las instituciones de derecho público, como es el caso del Colegio de Ingenieros y Arquitectos.

La Contraloría, por medio del jefe de la división jurídica, sostiene que son los mismos funcionarios quienes tienen la primera obligación de aclarar su situación para evitar que haya conflictos de interés que pueden desembocar en faltas al deber de probidad o en beneficios indebidos.

Tal parece que Saborío no es conocedor de esta situación, pues en el 2005 cuando formó parte de la directiva del Colegio de Ingenieros, solicitó el levantamiento de la incompatibilidad a la Contraloría para ser miembro de ese cuerpo colegiado del que era socio y formaba parte de las empresas como Europrefa y Eurobau.

En esa oportunidad la Contraloría le aceptó seguir en el puesto de la directiva del colegio pues consideró que Eurobau no hacía negocios con el colegio, cuando en aquel momento no era miembro de la junta del Banhvi.

Existe un caso similar al de Saborío ocurrido en el 2005 cuando un directivo del Banhvi llamado Guillermo Carazo Ramírez solicita a la Contraloría el levantamiento de la incompatibilidad, pues formaba parte de empresas ligadas a la construcción, asesorías, consultorías y supervisión.

En aquel entonces el ente contralor le negó la autorización para seguir en el puesto en esas condiciones, por los potenciales conflictos de interés que al final llevaron al señor Carazo Ramírez apartándose del puesto.