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El Consejo Nacional de Rectores, que representa a las universidades públicas del país, defendió hoy la exclusión de esos centros de enseñanza superior de la reforma de empleo público con una propuesta incierta e inexistente.

La declaración conjunta firmada hoy por los diferentes rectores de la UCR, UNA, TEC, UTN y UNED, establece entre otras la creación de una comisión que tendrá como fin elaborar, un plazo de un año, una propuesta de régimen de empleo universitario que unifique esa materia en todas las universidades públicas.

La idea, según el Conare, es llegar a una propuesta que “asegure la sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo” pero que además “corresponda a la Constitución Política y los estatutos del régimen universitario”.

“No renunciamos al principio constitucional de la defensa de la autonomía universitaria pero sí reconocemos la importancia de esa reforma al régimen existente”, dijo el rector de la UNA, Francisco González, quien hizo de vocero en la conferencia de prensa.

González insistió en que no son los salarios universitarios los culpables del abrumador déficit fiscal que tiene en crisis al país pero que sí hay una necesidad de revisar los regímenes salariales de las universidades.

El rector, sin embargo, se negó a responder si existe un problema con los salarios actuales.

Tarde

La propuesta de las universidades se da en medio de la lucha que mantienen con los poderes Ejecutivo y Legislativo por ser excluidos de la reforma de empleo público que se discute en la Asamblea Legislativa.

Ese plan los sometería a la rectoría del Ministerio de Planificación en materia de contratación y además los sujetaría a una escala salarial, de manera que aquellos funcionarios que ganen más del llamado salario único dejarían de recibir aumentos hasta que ese límite los alcance.

Los rectores han defendido que el proyecto es inconstitucional pues violenta los principios de autonomía universitarios plasmados en la Constitución y han abogado porque sean ellos mismos quienes reformen sus regímenes según sus propias reglas.

El problema en esa intención es que el proyecto está próximo a empezar su discusión en el Plenario en busca de ser aprobado y su propuesta alternativa estaría lista hasta dentro de un año.

“Esas reformas entrarían en vigencia hasta en dos años, nosotros tendríamos una propuesta antes”, dijo González en respuesta a esa situación.

Dentro de la Asamblea Legislativa hay diputados que han abogado por excluir a esos centros de enseñanza de la aplicación de la ley; sin embargo, ahora mismo son minoría.

A partir de hoy se discutirán las últimas mociones vía artículo 137 (reforma o enmienda) al proyecto. Hay más de 400 cambios presentados, de los cuales se adelantó que varios vendrán por esa línea de sacar a las universidades de la reforma.

De momento el proyecto de empleo público, parte del acuerdo con el FMI, solo excluye a las instituciones públicas en competencia de su alcance, y según adelantó el Gobierno el plan es que eso se mantenga así.