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Desde la Universidad Castro Carazo se externó preocupación por “el tratamiento y las disposiciones actuales en el Proyecto de Ley; Expediente No 21.578 con relación a la reforma del CONESUP que se discute en la Asamblea Legislativa”, según se informa mediante un comunicado.

Se indica que existen varios puntos que merecen ser revisados detalladamente, además de considerar que dentro de la discusión se debe tomar en cuenta a todos los actores implicados para que se exponga de manera integral las posibles consecuencias a las que se enfrentaría la comunidad universitaria.

La primera preocupación señala que “no se obliga a las universidades públicas a acreditarse ante SINAES, pero sí se pretende lo realicen las universidades privadas, acción que consideramos innecesaria y es ilegítima”, lo que podría generar roces de inconstitucionalidad. 

Como parte del argumento, señalan de que el sector universitario privado representa el 70% de la comunidad estudiantil, quienes provienen en su mayoría de colegios públicos.

"Recordemos que, el SINAES es una entidad adscrita al Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Estatales, y querer someter a las universidades privadas a la fiscalización por parte de las universidades públicas, presenta diversos conflictos de interés y atenta contra la misma existencia del sector universitario privado".

Otra de las oposiciones se concentra en el control de las tarifas que sería impuesto por un sistema técnico propuesto por el CONESUP. Desde la Universidad Castro Carazo consideran que el cambio representaría un aumento en los costos universitarios, impactando directamente los bolsillos de los estudiantes.

"Dicha fijación de topes en los precios  debe ser revisada y analizada ya que, es socialmente inconveniente, innecesaria y no fortalece la calidad de la educación superior privada, lo que debería ser el punto medular y más importante en dicha reforma", se descata en el comunicado. 

Por útimo, consideran una transgresión a la libertad de la enseñanza superior el permitir al CONESUP  implementar y ejecutar recomendaciones de cualquier entidad externa que consideren oportuna, “se prestaría para compromisos o imposiciones de visiones ideológicas, políticas o sectoriales”.