Tribunal define fecha para juicio contra rector de la UCR
Carlos Araya figura como sospechoso de incumplimiento de deberes, pero su defensa sostiene que la acusación es "temeraria" y asegura que se demostrará su inocencia.
El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, encarará el 6 y 7 de abril de 2027 un debate oral y público por presunto incumplimiento de deberes.
Las fechas fueron definidas por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, un mes después de que se ordena la apertura del juicio en contra del académico, confirmó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia a Teletica.com.
"Desde la defensa de Carlos Araya estamos muy complacidos de que ya se haya señalado, finalmente, el juicio para el 6 y 7 de abril del próximo año. Incluso, hubiéramos deseado que se pudiera señalar en un momento mucho más próximo, pero eso está fuera de nuestro control y sabemos que la agenda del Tribunal Penal se encuentra muy llena.
"Somos nosotros, y es don Carlos, el más interesado en que pueda celebrarse ese debate tan pronto como sea posible, porque estamos convencidos de lo que siempre se ha venido diciendo: que en ese juicio se va a confirmar su absoluta inocencia, porque la acusación presentada por el Ministerio Público es absolutamente temeraria, porque los hechos que se están ventilando son totalmente atípicos y no pueden configurar delito alguno", indicó a este medio el defensor de Araya, Gerardo Huertas.
Al rector se le atribuye no haberse abstenido de votar una moción que pretendía separarlo del conocimiento de asuntos relacionados con la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la casa de enseñanza superior, con el fin de evitar eventuales conflictos de interés.
El académico supuestamente se pronunció en contra del planteamiento y, con esto, consiguió que este no se materializara.
Dicha situación ocurrió el 1.° de abril de 2025 en una sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU).
Tanto Araya como Huertas sostienen que, tan solo un día antes, se trasladó la competencia de esa estructura interna de la institución educativa a otra instancia, por lo que la inhibición no procedía.
"Por ende, la exhortativa para inhibirse ya no tenía razón alguna de ser", resumió el representante legal. "Esto es un tema absolutamente jurídico y consideramos que en juicio va a quedar clarísimo que los hechos no configuran delito alguno y que él es absolutamente inocente aquí de cualquier conducta", añadió.
El rector se expone a entre uno y cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, como lo establece el artículo 339 del Código Penal.
Además, contra el académico, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó una querella —acusación privada— y una acción civil resarcitoria —demanda—. Por esta última, a Araya se le reclama ₡1 millón por daño social.
