Tras explosión, más de 100 vecinos piden a Tribunal que quite permisos a planta de gas

Más de 100 vecinos del residencial Montana, en Pozos de Santa Ana, presentaron ante el Tribunal Contensioso Administrativo una solicitud de medida cautelar urgente para que se suspendan los permisos de operación de la planta de gas de la empresa Blue Flame.

La gestión se produce tras una explosión registrada el 7 de marzo de 2026 en las instalaciones de la compañía, ubicadas a corta distancia de la zona habitacional.

De acuerdo con el documento presentado por los residentes, del cual Teletica.com tiene copia, la solicitud se dirige contra la empresa Blue Flame Technology Corporation, S.A., así como contra el Estado, por medio de los ministerios de Salud, Ambiente y Energía (MINAE), el Benemérito Cuerpo de Bomberos y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Según los hechos expuestos en la petición judicial, el 7 de marzo de 2026 a las 20:25 horas el Cuerpo de Bomberos recibió una alerta por un incendio en la planta envasadora de gas licuado de petróleo (GLP). La emergencia correspondió a una fuga de gas que provocó una deflagración dentro de las instalaciones y puso en riesgo a cientos de personas, comercios y propiedades.

Para atender la emergencia se despacharon 29 unidades de Bomberos, entre ellas unidades de materiales peligrosos, rescate y ambulancias. Más de 50 bomberos participaron en el operativo, durante el cual se trabajó con chorros de agua de gran calibre y equipos especializados para controlar la fuga y realizar una quema controlada del gas, según la constancia de incidente consecutivo 12839-2026.

Los vecinos señalan que durante el evento se realizaron evacuaciones en sectores cercanos a la planta. Algunos reportes indicaron evacuaciones en un radio de hasta 800 metros alrededor del sitio. De acuerdo con el documento, muchas personas abandonaron sus viviendas por sus propios medios ante el temor de nuevas explosiones.

Marco Sánchez, abogado que representa el caso y quien, además, vive en el residencial, dijo que 114 personas firmaron la demanda porque consideran que es un hecho muy grave.

"Lo que se investiga es un delito de desastre culposo. No es algo aislado ni pequeño. La medida cautelar la presenté en línea este jueves a las 12:33 a. m. en el Segundo Circuito Judicial de San José. Lo que queremos es que se suspenda la operación de la empresa por el riesgo de una nueva explosión en la operación de la envasadora. Hay camiones que están aquí desde la emergencia y no sabemos si tienen o no gas que pueda provocar un nuevo incendio.

"Si pasa un nuevo evento de grandes magnitudes no sabemos qué va a pasar porque el anterior sucedió durante en la noche del sábado, pero si hubiese sido en hora pico entre semana; qué hubiese sucedido, cuánto habría durado en llegar la primera de las unidades de Bomberos, si más bien el sábado anterior se ocuparon más de 30 unidades. Es claro que lo que sucedió fue grave", comentó Sánchez.

La planta se ubica, aproximadamente, a 150 metros del residencial Montana y la vivienda más cercana estaría a unos 60 metros de las instalaciones, según imágenes satelitales adjuntas a la solicitud. En el entorno también se ubican una estación de servicio a unos 150 metros y una empresa hulera a poco más de 200 metros.

Los vecinos también mencionan en el documento que mediante la resolución R-MINAE-DGTC-1016-2018 el Ministerio de Ambiente y Energía otorgó a Blue Flame una concesión por cinco años para actividades de almacenamiento, envasado y distribución de gas licuado de petróleo, la cual posteriormente fue prorrogada dentro del expediente PGLP-00-09-15 tramitado por la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles.

En el documento presentado ante el Tribunal se citan registros administrativos y denuncias previas relacionadas con la operación de la planta. Entre ellas se menciona una inspección realizada por el Cuerpo de Bomberos en 2016 en la que se señalaron, al parecer, incumplimientos en normativa de seguridad humana y protección contra incendios, así como deficiencias en sistemas de detección de gas y supresión de incendios.

Tras el incidente del 7 de marzo de 2026, el caso también derivó en la apertura de una causa penal bajo el expediente 26-00017-0611-PE por el presunto delito de desastre culposo, según lo indicado en la gestión judicial.

"No estamos en contra de que una empresa ejerza el derecho al comercio, solamente no consideramos prudente que seamos la zona de impacto en caso de un evento, ellos están al límite de donde habitan las familias. Ellos están a 60 metros lineales de la primera de la casa del residencial Montano", agregó Sánchez.

Mediante la medida cautelar solicitada, los vecinos piden al Tribunal que ordene la suspensión inmediata de los permisos de funcionamiento de la planta, el cese de operaciones en las instalaciones ubicadas en Pozos de Santa Ana y el retiro del gas almacenado en los tanques del plantel, hasta que se determine judicialmente la viabilidad de la operación en ese lugar.

Los firmantes señalan que, hasta el momento, no se han informado públicamente las causas del incidente ocurrido el 7 de marzo ni las medidas correctivas adoptadas tras la emergencia.

Teletica.com intentó conocer la reacción de la empresa señalada, mediante un correo eléctrónico enviado este jueves, sin embargo, al cierre de esta nota se habían respondido las consultas.