Sindicato pide subir salario y pagos retroactivos a funcionarios judiciales
La solicitud se planteó ante la Corte Plena, que acordó que se prepare un informe al respecto para su posterior discusión.
El Sindicato de Personas Trabajadoras, Jubiladas y Pensionadas del Poder Judicial (Sitrajud) solicitó un aumento salarial por razones de "justicia social y equidad económica".
La gestión fue planteada ante la Corte Plena el 19 de marzo pasado, pero fue hasta este lunes que fue conocida por los magistrados.
El monto pretendido es de ₡10.000, aplicable sobre la base salarial de los casi 14 mil servidores de la Corte Suprema de Justicia. Esto, por ende, incluye tanto al personal que tiene remuneraciones compuestas (por pluses) como nominales (salario global).
Lo anterior se solicitó "en concordancia" con lo aplicado en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el sector público centralizado, según se desprende del oficio SITRAJUD-049-2026 al que Teletica.com tuvo acceso.
El documento, además, pide que se reconozca el pago retroactivo de las diferencias en el cálculo de las anualidades tras los cambios introducidos desde 2018 por las leyes de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y Marco de Empleo Público.
"La política salarial del Estado no puede depender de un único indicador macroeconómico, como la relación PIB/Deuda. El impacto del congelamiento prolongado ha recaído con especial fuerza en los grupos con salarios más bajos —auxiliares judiciales, personal técnico, servicios generales y otras categorías— quienes han sostenido la operatividad del sistema judicial pese al incremento sostenido del costo de vida.
"La autonomía constitucional del Poder Judicial debe ejercerse no solo para preservar su independencia orgánica, sino también para proteger a su capital humano ante decisiones administrativas que han sido flexibilizadas en otras instituciones autónomas, como la Caja Costarricense de Seguro Social. La disparidad de criterios interinstitucionales se traduce en un trato desigual que profundiza el deterioro salarial dentro del Poder Judicial", dice la misiva al justificar el pedido.
La gestión también pide que se aceleren los estudios pendientes para justificar los incrementos por competitividad de mercado. De hecho, los mismos altos jueces ya han acordado la realización de esos análisis, los cuales resultan indispensables para los sindicatos en la corrección de rezago salarial histórico.
De igual forma, la organización de trabajadores reclama que el personal judicial carga con "un peso desproporcionado de las finanzas públicas" mientras persisten fenómenos estructurales, como la evasión fiscal, exoneraciones excesivas y grandes empresas que reportan cero utilidades.
"En este contexto, la ausencia de una defensa firme por parte de los jerarcas del Poder Judicial en favor de sus trabajadores —como sí lo han hecho la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y otras instituciones autónomas que incluso poseen menor rango constitucional respecto de la separación de poderes— coloca objetivamente al Poder Judicial en una posición de complacencia con políticas que afectan injustamente al personal judicial, especialmente cuando la permanencia de algunas jerarquías depende de procesos políticos externos como el voto legislativo", amplía el documento.
Sin embargo, debe hacerse ver que la Unión Sindical de la Caja de Seguro Social presiona para que el ajuste salarial por concepto de costo de la vida sea todavía mayor al propuesto por la administración.
Los magistrados acordaron este lunes solicitar un informe al respecto a la Dirección de Gestión Humana de la Corte Suprema de Justicia para determinar su viabilidad.
Gestión paralela
Durante la sesión de este lunes también se conoció otro planteamiento del Sindicato de Personas Trabajadoras, Jubiladas y Pensionadas del Poder Judicial, para crear "un foro amplio y permanente".
La gestión se deriva de los anuncios hechos por la presidenta electa, Laura Fernández, sobre potenciales reformas a la Corte Suprema de Justicia a partir del próximo periodo constitucional (2026-2030), cuando el oficialismo tendrá mayoría en la Asamblea Legislativa.
"Sostenemos que la mejor defensa de la independencia judicial, de los derechos laborales y de la calidad del servicio público de justicia no es el inmovilismo ni el repliegue, sino la capacidad de reconocer áreas de mejora, construir diagnósticos propios y generar propuestas sólidas con legitimidad social", apuntó la organización laboral en su gestión.
Específicamente, se requiere un espacio en el que tanto la Corte como sus sindicatos puedan analizar las propuestas de cambios y mejoras institucionales.
Asimismo, se busca que ese foro impulse mecanismos estructurados de apertura, para incluir a la academia, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y usuarios, con el fin de enriquecer el diagnóstico, fortalecer la legitimidad social y evitar reformas carentes de diálogo o sustento técnico.
