“Sin eurobonos, la relación deuda/PIB empezará a crecer”, advierte ministro de Hacienda
Nogui Acosta reconoció que no tienen un "plan B": si no se financian en el mercado internacional deberán recurrir al mercado local con el efecto que eso tendrá para los costarricenses.
Este jueves, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, insistió una vez más en la urgencia de que los diputados aprueben el proyecto de ley que le permitiría al Gobierno emitir hasta $6.000 millones en eurobonos para financiar la deuda del país.
Según explicó el jerarca, el Gobierno necesita estos recursos porque en los siguientes cuatro años deberá hacer frente al vencimiento del 60% de la deuda que se tiene colocada en dólares, esto equivale a unos $14 mil millones, y si no pueden recurrir al mercado internacional, deberán financiarse en el mercado interno generando presión en las tasas de interés.
"Eurobonos no es más deuda, no estamos aumentando el gasto, lo que estamos haciendo es cambiando deuda en el corto plazo, por deuda de más largo plazo y que no afecte las tasas de interés locales", recalcó Acosta.
El jerarca, además, fue claro en que no hay un "plan B", ya que la única opción es buscar esos recursos en el mercado internacional o local.
"Estamos tratando de proteger a los costarricenses del incremento de tasas", dijo el ministro de Hacienda sobre urgencia de los eurobonos. También advirtió que sin eurobonos habría un aumento en el tipo de cambio, y un cambio negativo en la relación deuda/PIB del país.
"No salir hoy al exterior va a hacer que cambie nuestra tendencia en la relación deuda/PIB. A modo de ejemplo, sin eurobonos y aun sin aumento de tasas, la relación deuda/PIB estaría, en cuatro años, en 66.3%; con eurobonos, la proyección sería de 61.3%; pero el impacto sería mayor si se incorpora el efecto de tasas", aclaró Acosta.
Los eurobonos, como se les conoce popularmente, son títulos valores de deuda externa. Es decir, son bonos que emite el Gobierno para fondearse a partir de inversionistas en el mercado internacional.
El proyecto que se discute en el Congreso también daría permiso para colocar otros $6.000 millones y pagar la primera emisión cuando esta venza, así como la contratación de líneas de crédito con organismos multilaterales hasta por $2.000 millones.