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Siete empresas, entre nacionales y extranjeras, concursan para ser el nuevo proveedor del servicio de monitoreo electrónico con tobilleras.

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó que la recepción de ofertas cerró el viernes anterior a las 10 a. m. 

Las compañías que presentaron sus propuestas son Seguridad Alfa S. A., Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica, Consorcio ESPH-Buddi, Datasys-Grupo Cheyrodz S.A, Consorcio Geo-Signis, Consorcio Panóptico y Consorcio Soin-Track.

“Nos complace la participación de empresas nacionales e internacionales, con lo cual confiamos en que la competencia traiga a la institución la mejor opción para el nuevo contrato", dijo Fiorella Salazar, ministra de Justicia.

"La calificación de las ofertas que resulten elegibles considerará cuatro factores de vital importancia, tanto técnica como económica: precio, peso del dispositivo, años de experiencia del proveedor y descuento por volumen de personas monitoreadas", agregó la jerarca.

La cartera espera que el proyecto quede adjudicado antes de finalizar el año.

Por tratarse de una licitación internacional, la convocatoria no solo se realizó en el SICOP, también a través de la Cancillería, que distribuyó la información tanto a las embajadas con representación en el país, como a las sedes diplomáticas costarricenses alrededor del mundo.

Licitación urgente

El  27 de febrero de 2021 venció el contrato de monitoreo electrónico entre el Ministerio de Justicia y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Meses antes, las autoridades de Justicia enviaron a la Contraloría General de la República una solicitud para extender el contrato con esa empresa, pero fue rechazada. Un segundo intento, en enero de este año, tampoco tuvo el visto bueno.

A inicios del mes de febrero, el ente contralor señaló que Justicia no tenía presupuesto para un eventual contrato; pero, días después, la ministra Salazar pidió un presupuesto extraordinario a los diputados, quienes aprobaron 4.500 millones de colones: una parte se destinará a la nueva contratación.

Diariamente, Justicia invierte $12 por cada reo que utiliza tobillera electrónica, mientras que su permanencia en un centro penitenciario cuesta $40, según datos de las autoridades. Unos 1.800 privados de libertad utilizan la modalidad electrónica.