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El sector pesquero costarricense presentó una denuncia penal contra el Presidente de la República, Carlos Alvarado, y contra el Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, por el presunto delito de prevaricato.

La denuncia también fue presentada contra la jefa del Despacho del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ana María Conejo, y el expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Moisés Mug.

Los pescadores que están representados por la Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas, la Cámara de Pescadores de Quepos y la Cámara Nacional de la Industria Palangrera, alegan responsabilidad de las autoridades por las pérdidas causadas al Estado debido al cambio en la metodología para la venta de licencias de pesca de atún con cerco.

El apoyo económico para cada pescador es de 145 mil colones mensuales.

“En el 2018, año previo a la modificación de la metodología, el Incopesca entregó a flotas internacionales 12 licencias de pesca. Cuatro fueron pagadas y ocho regaladas, pero esto generó ingresos por más de 153 mil dólares, los mismos que la institución dejó de percibir en 2019 por no haber logrado vender ni una sola licencia en subasta pública”, señala Mauricio González del sector pesquero.

Según denuncia el sector, en marzo de 2019 se publicó un Decreto Ejecutivo sin fundamento jurídico ni técnico para establecer la subasta pública como la nueva metodología de venta de las licencias para la pesca de atún.

Aparentemente, el decreto fue promulgado sin antes ser consultado ante la Junta Directiva del Incopesca y durante la vigencia de la nueva metodología en 2019 no se generó ningún ingreso, puesto que no se logró vender ninguna licencia.

“Esto en un claro perjuicio para la estabilidad financiera de la Incopesca. Lo peor de esta situación es que tras haber anunciado con bombos y platillos esta medida en marzo de 2019, un año después, el 4 de febrero de 2020, el MAG publicó un nuevo decreto donde derogaba la metodología de subastas”, dijo González.

El sector pesquero señala que en el mismo decreto se indica que los estudios técnicos fueron realizados de forma posterior a la implementación de la medida y que estos revelaron que la misma no era viable. 

“Esto nos confirma que la medida de vender licencias mediante el método de la subasta no contaba ni con una viabilidad técnica ni legal, por lo que nos parece una improvisación total con costos financieros para el Estado”, agregó.

Según la denuncia, el Incopesca vio disminuidos sustancialmente sus ingresos durante el año 2019, debido a la adopción de una medida arbitraria y sin contar con el fundamento debido.

Reacción

Este lunes, al final de la tarde, Casa Presidencial se refirió al tema en un escueto comunicado de prensa. El Gobierno asegura que la denuncia penal "no es de recibo" y es un "abuso del derecho". 

"Queremos manifestar que la discrepancia y el debate vigoroso en torno a las políticas públicas es normal en una democracia. Pero también debe mantenerse dentro de los límites de la sensatez y sin abusar del derecho", se lee en el documento.

"Si se discrepa del contenido de un decreto, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos institucionales específicos para su impugnación, como la vía contencioso administrativa o la de
constitucionalidad. Llama la atención que los denunciantes no recurrieron a esos mecanismos", agrega.