Samuel Yankelewitz se abstuvo de declarar ante comisión legislativa que investiga caso Yanber

El expresidente de junta directiva de Yanber, Samuel Yankelewitz Berger, se abstuvo este miércoles de declarar ante la comisión legislativa que investiga los créditos bancarios otorgados a la empresa dedicada a la producción de productos plásticos.

Yankelewitz, de 79 años, únicamente negó al diputado del PAC, Ottón Solís, haber alterado u ordenado alterar los estados financieros de su empresa con el fin de conseguir créditos por $37 millones de la banca estatal y privada, esto apenas siete meses antes de que la compañía se declarara en quiebra.

Luego de esa respuesta fue interrumpido por su abogado José Alberto Monterrosa y a partir de ahí se negó a brindar cualquier respuesta.

Junto al empresario fue indagado también su hijo Andrés Yankelewitz, quien de igual forma de acogió al derecho constitucional de guardar silencio.

A Samuel Yankelewitz se le señala como responsable directo de la supuesta estafa que la corporación realizó contra 19 entidades financieras.

A él un problema de salud lo eximió del proceso de allanamientos y detención que realizó la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos contra cuatro de sus exgerentes la semana anterior.

Su hijo se presentó en calidad de testigo.

Protesta y malestar

El diputado de Liberación Nacional Ronny Monge, presidente de la comisión legislativa, lamentó la decisión de tomada por el empresario y su hijo y pidió respeto a ambos para con la ciudadanía.

“Nosotros como diputados somos representantes del pueblo y es el pueblo el que les está pidiendo respuestas. Para mí esta actitud que hoy toman ustedes es lamentable y dañina para la democracia, pero creo que al final los que salen más dañados aquí son ustedes, que se van con esa imagen de que quieren ocultar algo”, dijo Monge.

El legislador insistió en que ambos venían como testigos por lo que entendía que se reservaran respuestas que pudieran comprometer sus causas penales, pero no otras que buscaban, según él, esclarecer vacíos en el caso.

El también diputado liberacionista, Julio Rojas, se levantó de la sesión en protesta por la actitud de los Yankelewitz, decisión que avalaron los legisladores Patricia Mora (Frente Amplio) y Rafael Ortiz (PUSC), miembros también de la comisión y quienes reprocharon la decisión de los comparecientes.

La comisión acordó, al final de la sesión, llamar a comparecer al abogado Francisco Luis Vargas, representante de los acreedores de Yanber.

También fue aprobada la solicitud del diputado Otto Guevara (Movimiento Libertario), de solicitar la comparecencia al ministro de Hacienda Helio Fallas y el ministro de la Presidencia Sergio Alfaro.

El caso

La investigación contra la corporación Yanber se inició en 2011 cuando se reveló una doble contabilidad y una planilla oculta.

Un año después un informe vino a comprobar que el patrimonio de la empresa era mucho menor al que presentaban sus estados financieros.

Ambas situaciones le permitieron a la compañía, según la Fiscalía, maquillar los estados con los que solicitó créditos por $37 millones a entidades financieras tanto públicas como privadas, todo esto siete meses antes de que estallara la crisis.

La deuda total de la empresa se elevó así hasta los $56 millones.

Para 2015 Yanber inició el proceso de declaratoria de quiebra, que le permitía suspender el pago de deudas y negociar arreglos con sus acreedores.

Esto último fue el detonante para que los bancos actuaran y presentaran diferentes denuncias por estafa.

En 2017 50 acreedores acordaron sacar a Yanber de la inminente quiebra y aceptaron recibir las acciones de la compañía en un fideicomiso conformado por 16 bancos que ahora son dueños de la empresa.

En ese fideicomiso, sin embargo, no están el Banco Nacional, el BCR y Bancrédito. Solo los dos primeros reclaman, en conjunto, casi $22 millones de la deuda total.

La semana anterior la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos allanó las viviendas del exgerente general de apellidos Soto Bolaños, los exgerentes financieros Paniagua Moya y Sandí Sandí y el exdirector financiero de apellidos Brenes Chaves.

Contra los cuatro se dictaron seis meses de prisión preventiva bajo sospechas de fraude.