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La Sala Constitucional rechazó, por mayoría, una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el decreto ejecutivo que establece la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 para los funcionarios públicos.

El tribunal concluyó que la medida pretende garantizar el derecho a salud a nivel colectivo, en defensa de un interés público. 

“(…) esta Sala ha reconocido, en primer lugar, la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado costarricense en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas, y, en segundo lugar, que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas (…)”, se informó. 

El abogado que interpuso la acción, de apellidos Hernández Mussio, había indicado que el decreto lesionaba los principios de igualdad y autodeterminación informativa, entre otros.

Ante esto, la Sala aseguró que la Sala no existe una vulneración al principio de reserva de Ley, "toda vez que la aplicación obligatoria de la vacuna contra el covid-19 fue definida por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, de conformidad con las potestades otorgadas por la Ley Nacional de Vacunación". 

Además, se especificó que todas las personas deben recibir la información correcta y clara de la vacunación. 

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