Sala IV ordena incorporar criterios científicos, económicos y sociales en veda del Golfo de Nicoya
Con esta disposición se ratifica el derecho a la alimentación y a la seguridad como un derecho fundamental de los ciudadanos
La Sala Constitucional ordenó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) incorporar los criterios técnico-científicos actualizados, económicos y sociales en la fundamentación de las declaratorias de veda en el Golfo de Nicoya.
Con esta disposición se ratifica el derecho a la alimentación y a la seguridad como un derecho fundamental de los ciudadanos.
Además, protege a las familias de los pescadores de la zona que respetan la normativa y cumplan con los requisitos para operar.
El Alto Tribunal declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por el Sindicato Industrial de Pescadores Artesanales, Criadores Acuícolas y anexos de Puntarenas, quienes reclamaron que Incopesca no ejerce la vigilancia adecuada para impedir que se practiquen métodos de pesca prohibidos, y que carece de buena planificación para establecer los periodos de veda en el Golfo Nicoya.
Por su parte, el sindicato alegó que esas problemáticas ocasionan que los pescadores ilegales capten más productos que los que trabajan con licencia, además de que provoca una afectación en los recursos marinos.
Marta Esquivel, la magistrada instructora del recurso, destaca que el derecho humano a la alimentación se asocia a la lucha contra la pobreza y a la atención de población en condición de riesgo social.
“No mantener criterios científicos y técnicos actualizados, así como ignorar la importancia de los criterios económicos y sociales para imponer la veda, que además la normativa vigente menciona que deben de fundamentar la misma, atenta contra la seguridad alimentaria de la población de pesqueros, así como de la sociedad en general, configurándose una violación a los derechos fundamentales del recurrente”, mencionó Esquivel.
La Sala IV, con el fin de atender y prevenir la pesca ilegal, ordena también a Incopesca, al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y a la Dirección General del Servicio Nacional de Guardacostas a instalar –en un plazo de 18 meses– la totalidad de los radares establecidos en la Estrategia de Control y Vigilancia Marítima del Minae.
Hasta la fecha se ha instalado únicamente uno en la Isla del Coco.