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La Sala Constitucional le da un mes al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para solventar, en un corto plazo, los problemas generados por la escasez de agua en el país y más aún, ante la emergencia sanitaria nacional que se vive por COVID-19.

El viernes anterior, la Sala IV dictó sentencia de manera unánime (en defensa al derecho de acceso al agua) y se declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado por una adulta mayor, vecina de Hatillo 2. Ella alegó haber recibido agua por menos de dos horas en un día y que, al momento de interposición del recurso, tenía más de 40 horas sin ese líquido.

“De manera inmediata, el AyA debe disponer de lo necesario dentro del ámbito de sus competencias para que, ante interrupciones prolongadas del servicio de agua y teniendo en cuenta la pandemia de COVID-19, se garantice a la población afectada el suministro suficiente de ese líquido a los efectos de que pueda suplir sus necesidades básicas e implementar las recomendaciones de aseo que las autoridades de Salud han emitido”, indicó Paul Rueda, magistrado instructor.

Además, la sentencia puntualizó que el reparto de agua por medio de camiones cisterna ha sido insuficiente y que, en medio de esta emergencia, el suministro de agua potable es fundamental para evitar la propagación del virus.

Según declaró Rueda en mención a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), los problemas de desabastecimiento de agua en el país se han venido reflejando desde el año 2017 y el AyA ha tenido un fuerte rezago en inversión e infraestructura, así como significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada como por ejemplo fugas.   

El plazo otorgado empezará a correr a partir de su notificación.