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La Sala Constitucional avaló por unanimidad los acuerdos de Corte Plena que permitieron los aumentos de 2008 y 2010 de 46 puestos gerenciales del Poder Judicial.

Los magistrados declararon sin lugar una acción de inconstitucionalidad presentada en 2017 que cuestionaba el llamado Estrato Gerencial, que permitió un alza de entre 26% y 96% a los salarios de la cúpula del Poder Judicial, según había revelado el diario La Nación.

La Sala apoyó su decisión en los criterios e informes de la Contraloría General de la República, la Procuraduría de la Ética Pública y la Defensoría de los Habitantes, así como estudios de la firma Price Waterhouse Coopers en los que se apoyó el Departamento de Personal del Poder Judicial.

“En dichos informes queda en evidencia que el ajuste salarial estipulado en los acuerdos impugnados no violenta los principios de proporcionalidad y razonabilidad”, cita el comunicado.

“Los acuerdos impugnados fueron adoptados con base a estudios técnicos, preparados por órganos especializados del Poder Judicial. No infringen el bloque de legalidad ni de constitucionalidad.

“Tampoco estimamos que carezcan de fundamentación, ni que haya violado, concretamente, los principios de confianza legítima, de legalidad, de discrecionalidad, y de interdicción de la arbitrariedad, por lo que sugerimos declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad”, había dicho Procuradoría General de la República en un informe del 13 de octubre del 2017.

Los magistrados argumentaron que los acuerdos de Corte Plena, aprobados por ellos mismos, se refieren a un aumento aplicado en dos momentos diferentes por razones presupuestarias y como una necesidad para definir la clase gerencial de los demás empleados del Poder y además de hacer más competitivos esos puestos.