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La esperada rendición de cuentas del presidente Carlos Alvarado ante los diputados por el decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) acabó siendo un acto redundante y poco revelador, muy concentrado en la forma y por largos tramos alejado del fondo.

La polémica sobre la sede de la comparecencia acaparó la atención y preguntas de varios legisladores en una discusión sin norte sobre la inconstitucionalidad que defendió el mandatario y la legalidad que sostuvieron los diputados.

En lo referente a la UPAD la apuesta legislativa, en su gran mayoría, fue reafirmar lo que ya se sabía y renunciar a lo que podría ser nuevo.

¿Cómo fue?

Alvarado inició su participación a eso de las 10 a. m. con un discurso donde defendió la “buena fe” de la UPAD en el objetivo de crear política pública a partir del análisis de datos y lo conseguido con esa iniciativa.

Desmintió que se haya espiado a ningún costarricense o que se lucrara a partir de esa unidad.

Además, se adelantó a los diputados y admitió que el decreto se originó en una orden expresa suya. Pero poco más.

“Esto era un escenario donde los actores involucrados buscarían, capitalizando la cobertura mediática, desarrollar narrativas paralelas que van más allá del acto para establecer un escenario de confrontación pensando en las próximas elecciones”, valoró el analista político Sergio Araya.

“Ciertamente hay diputados que sí buscaron hurgar sobre el fondo y el mejor ejemplo es Villalta (José María) con sus intervenciones, que fueron las que más hicieron trastabillar al Presidente con sus respuestas. Quedó evidenciado por ejemplo que él no tenía un control tan riguroso de lo que estaba firmando en ese decreto y que nunca buscó blindarlo con un pronunciamiento de la Procuraduría”, añadió el politólogo.

Es cierto. El frenteamplista sí puso contra las cuerdas al mandatario, obligándolo a reconocer que firmó el decreto sin leerlo y que tampoco evaluó su legalidad a priori, pues esa ilegalidad que denunció la Procuraduría llegó luego de la derogación.

También le cuestionó por qué el decreto no pasó por el departamento de Leyes y Decretos ni tuvo su visto bueno.

Alvarado respondió que él mismo ordenó que se investigara ese hecho, pero que luego, por recomendación de sus abogados privados, se alejó del proceso “para que no pareciera que me estaba inmiscuyendo y así garantizar la pureza de la investigación”.

Por esa misma razón dijo desconocer dónde están los datos que la UPAD recabó, pues aseguró que consultarlo podía parecer que los anda buscando.

"Para toda una nueva generación de ciudadanos este será el presidente del no me acuerdo, no le puedo responder por recomendación de mis abogados, lo cual me parece que es una excusa más. 

"El Presidente acuñó esa excusa en momentos donde se le cuestionó la legalidad, pero no aclaró a quién le había ordenado entonces continuar u orientar este tema más allá de que él esté siendo investigado, entonces no es válido no haber tomado la previsión de delegar esa responsabilidad", dijo el también analista Alejandro Barahona.

El mandatario tampoco quiso meterse en otros temas incómodos:

¿En qué momento se da cuenta de que se pidió información sensible?

Cuando salen pormenores en los medios, pero yo no me metía en esos detalles porque no me corresponde.

¿Está consciente de que la UPAD trasladó información no anonimizada?

No estoy consciente en este momento y para eso hay una investigación en curso.

¿Santiago Álvarez (exasesor presidencial) tenía potestad para hablar en su nombre ante la solicitud que hizo ante el OIJ y el Ministerio de Seguridad de información privada?

Supongo que él solicitaba información a partir de solicitudes que yo le hacía.

¿Sabe si Mideplan avaló el decreto?

No me consta.

Oportunidad perdida 

El otro análisis que se puede hacer de esta comparecencia es que los diputados se privaron de que esta, la última y más importante de las 18 audiencias en la investigación, enriqueciera el expediente más allá de lo conocido.

Hoy se ponía fin al proceso de recabar datos y a partir de ahora vendrá la redacción del informe final, que deberá estar presentado antes del 30 de abril.

Sin embargo, pocos datos de lo discutido este miércoles no se habían dicho durante la investigación previa.


"Yo creo que hay diputados que tuvieron buen desempeño aunque no son parte de la comisión, como el caso de Villalta, y otros de los integrantes de los que esperábamos mayor capacidad no solo de profundidad en las preguntas sino también de articulación, realmente los diputados no profundizaron o presionaron más al Presidente para que diera una respuesta contundente y él lamentablemente en más de una ocasión el trató de irse por la tangente o diluir la responsabilidad", dijo Barahona.

El analista sí reconoció que luego de hoy quedaron en el aire muchas dudas sobre el resguardo de la información que tienen algunas instituciones a partir de la UPAD y dijo que espera que ese informe final logre aclarar estos y otros puntos importantes. 

La investigación en sede judicial por este mismo caso continúa en el Ministerio Público y es independiente de la legislativa.