Rectores responden a Gerald Campos: “La protesta universitaria no es un delito"

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) rechazó las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, quien acusó a las autoridades universitarias de incitar a la violencia durante las manifestaciones estudiantiles contra el recorte al presupuesto de las universidades públicas.

En un pronunciamiento enviado a los medios de comunicación, Conare calificó de improcedentes las acusaciones del jerarca.

“Resulta improcedente atribuir a las autoridades universitarias la promoción de actos violentos sin presentar elementos que sustenten tales señalamientos”, indicó la entidad.

El Consejo defendió el papel de las universidades públicas como espacios de pensamiento crítico, construcción de conocimiento y convivencia pacífica. Además, reiteró su respaldo a las manifestaciones pacíficas y democráticas en defensa de la educación pública.

La reacción se da luego de que Campos anunciara que giró instrucciones a la Fuerza Pública para evitar bloqueos de vías e intervenir contra personas que utilicen pasamontañas, así como detener a quienes provoquen daños al patrimonio cultural.

"Es irresponsable la actitud de unos diputados que están incitando a la violencia, al igual que unos rectores", declaró Campos en un video enviado por la mañana de este martes por parte del Ministerio de Seguridad. 

El ministro también advirtió que las personas detenidas serán remitidas al Ministerio Público.

Ante esas declaraciones, los rectores expresaron preocupación por lo que consideran un intento de estigmatizar al movimiento estudiantil y deslegitimar el ejercicio de sus derechos.

“Este tipo de señalamientos contribuye a la polarización y debilita las condiciones necesarias para el diálogo democrático”, manifestó Conare.

El Consejo Nacional de Rectores insistió en que la defensa de la educación pública es una causa legítima de interés nacional y rechazó cualquier intento de silenciar las voces críticas de la comunidad universitaria.

“El movimiento estudiantil no atenta contra el país: la protesta es una herramienta democrática fundamental para frenar políticas regresivas que comprometen el desarrollo nacional y el futuro de las mayorías”, señaló.

Conare también afirmó que el Poder Ejecutivo ha vulnerado la Constitución Política y defendió la protesta universitaria como un deber cívico.

“La protesta universitaria no es un delito, sino un deber cívico indispensable para la defensa de la República”, agregó.

Finalmente, el Consejo reiteró su compromiso con la educación pública de calidad, la paz social y el desarrollo nacional.