Por Eric Corrales |6 de julio de 2021, 20:43 PM

Recope acata orden del Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible (División de fiscalización Operativa y Evaluativa) de la Contraloría General de la República (CGR) y suspende de manera inmediata el procedimiento de contratación del proyecto “Construcción de la Terminal Pacífico”.

Además, solicitaron a la Dirección de Planificación subsanar los hallazgos del órgano contralor en un plazo máximo de 30 días hábiles, con el objetivo de replantear el estudio de preinversión, y poder así continuar con la implementación de la Terminal Pacífico para recibo de buques y almacenamiento en el Plantel Barranca.

“Cabe aclarar que el proceso de contratación estaba en la primera etapa de elaboración de ofertas, las cuales no se recibirían sino hasta cumplido el plazo de recepción de ofertas, que vencía hasta el 24 de agosto del año en curso, pero a partir de hoy queda suspendido de conformidad con lo ordenado por la Contraloría”, indicó Recope en un comunicado.  

¿Qué determinó la CGR?

La CGR se encuentra ejecutando una auditoría acerca de la razonabilidad del proceso de preinversión de Recope, en donde se revisó el proceso de identificación, formulación y evaluación del proyecto, contenido en el referido Estudio de Factibilidad.

“Al respecto, se encontraron una serie de omisiones normativas e incongruencias, que debido a su relevancia, hacen improcedente el desarrollo de actividades de la fase de inversión de ese proyecto”, acotó la Contraloría.

“Se encontró que los actos referidos adolecen de vicios esenciales y sustanciales de nulidad absoluta, pues se omitió la evaluación del costo-beneficio del proyecto, lo que significa que se promovió una licitación pública sin existir garantía razonable sobre su rentabilidad, incumpliendo a su vez diversa normativa técnica de Mideplan, normas de control interno para el sector público, la Ley de Contratación Administrativa y de su Reglamento, entre otras, referidas a los principios de eficiencia y seguridad contemplados en el ordenamiento jurídico”, finalizó la  CGR.